El juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Valencia ha emitido una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Paiporta a nombrar como funcionarios de carrera a tres agentes de policía que aprobaron una oposición y que el secretario municipal decidió eliminar tras el recurso que presentó un aspirante. Ahora el consistorio estudiará con detenimiento si acata el fallo, lo recurre o si revisa el proceso selectivo, que derivaría en una declaración de lesividad para anularlo.
La historia se remonta a abril del pasado año cuando finalizó un proceso selectivo para cinco plazas de agente de policía local de Paiporta. Una vez se publicaron los nombres de los cinco ganadores del concurso, uno de los aspirantes que se quedó fuera presentó un recurso administrativo en el Ayuntamiento en el que solicitaba que se declara nula la oposición. Su alegación se basaba en que el consistorio publicó las bases para el concurso en noviembre de 2011 ofertando cinco plazas, cuando en la Oferta de Empleo Público de 2009 «solo cabría convocar dos».
El secretario municipal, al igual que la técnica de personal, ya advirtió en su día que tal modificación no se podía hacer y que la oferta se limitaba a dos vacantes, pero el entonces gobierno liderado por el popular Vicente Ibor sacó a concurso cinco plazas: una por turno de movilidad y cuatro por turno libre.
El secretario aceptó el recurso del aspirante y eliminó las tres plazas que añadió el PP, de tal forma que sólo el agente con turno de movilidad y el de mejor nota accedieron a la carrera de funcionario. Los otros tres que también deberían haber entrado con plaza, más el aspirante, presentaron sendos contenciosos-administrativos, que la jueza ha resuelto ahora aceptando parcialmente la petición de los tres primeros.
Lesividad y no un informe
Así, la magistrada establece que estos los agentes, una vez superado los cursos del Ivaspe, tienen derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, con reconocimiento de la antigüedad en la misma fecha que tomó posesión el primer aspirante de turno libre con precio de las retribuciones y cotizaciones de la Seguridad Social. En este sentido, la jueza entra en el fondo del asunto y destaca que las bases que publicó el ayuntamiento en el BOP habían adquirido firmeza por lo que para anularlas «debía haber empleado el cauce que el ordenamiento jurídico permite, un recurso de lesividad» y «no caben que sean dejadas sin efecto mediante una resolución administrativa —el informe del secretario— dictada con ocasión de un recurso de unos de los intervinientes».
