El Ayuntamiento de Torrent ha tenido que costear durante una década el alquiler de tres juzgados porque no quedaba espacio suficiente en el edificio original y el Consell no ha construido el reivindicado Palacio de Justicia, para el que se cedieron los terrenos hace años. Así lo denunció el propio alcalde, Jesús Ros, esta semana, además de criticar que los anteriores gobiernos locales del PP celebraron «a bombo y platillo» la colocación de la primera piedra aunque la obra no llegó nunca.
De este modo, Torrent tuvo que afrontar de sus fondos desde septiembre de 2003 y hasta finales de febrero de 2015 el pago de un local, a razón de 1.135 euros mensuales más IVA, para que se ubicaran los juzgados 8 y 9. Las instalaciones estaban en la misma plaza de la Libertad, enfrente del edificio de los juzgados.
Y desde septiembre de 2006 hasta el 28 de febrero de 2015, se pagó también el local para albergar el juzgado responsable de los delitos por violencia de género, por 1.626 euros al més más IVA. Este desembolso ha supuesto más de 398.000 euros que han salido de las arcas municipales.
Pero el febrero de 2015, el ayuntamiento se negó a seguir pagando, rompió el contrato con la propietaria y reclamó a la conselleria que asumiera este gasto. A consecuencia de esta decisión, la propietaria de los locales estuvo meses sin cobrar aunque el servicio se prestaba, hasta que la Conselleria de Justicia se hizo cargo.
Para solventar el problema, la conselleria tuvo que iniciar un expediente por enriquecimiento injusto, en reconocimiento a que el servicio se estaba prestando aunque fuera de contrato, como requisito legal para poder pagarle a la dueña. Le abonaron 9.525 euros (1.360 euros al mes con el IVA incluido, por una superficie de 223 metros cuadrados donde están los juzgados de primera instancia 4 y 5 de Torrent. Fuentes de Justicia han indicado que posteriormente regularizaron el contrato.
