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Godella pretende evitar expropiaciones millonarias

Trabaja en la revisión del PGOU para que las zonas dotacionales se incluyan en los sectores a urbanizar

El Ayuntamiento de Godella se resiente en cada ejercicio cuando a la hora de elaborar los presupuestos parte de inicio con una partida fija destinada a pagar a las religiosas de la congregación del Sagrado Corazón la expropiación de los terrenos de la Devesa incluidos en el último PGOU.

La ocupación del suelo como zona verde acabó en un conflicto judicial que tuvo que resolver el Tribunal Supremo, condenando al consistorio a abonar a las monjas 8,1 millones de euros durante quince años. El pasado ejercicio se formalizó el primer pago de 800.000 euros, y este año también se ha realizado ya un abono de medio millón. Las cuotas irán descendiendo en cada anualidad pues el interés es fijo con el 2 % del capital pendiente de pago.

Para evitar este tipo de expropiaciones millonarias, al final de la pasada legislatura el equipo de gobierno planteó la necesidad de revisar el PGOU, que ahora se encuentra en pleno proceso.

La idea, según explicó a este diario la alcaldesa Eva Sanchis, es «evitar las expropiaciones que tenemos pendientes». La regidora detalló que los «equipamientos que tenemos que adquirir, ya sea una zona verde o dotacional, los distribuiremos en sectores concretos. Así, si una empresa decide realizar una actuación en una área concreta del municipio ya sabe que allí puede haber suelo para por ejemplo una zona verde, y que se deberá ceder al consistorio». Lo que sí quiso dejar claro la alcaldesa es que en esta revisión «no se va a recalificar suelo del municipio».

En estos momentos, el equipo de técnicos municipales trabaja en subsanar algunos errores que contiene el documento que presentaron a la conselleria de Vertebració del Territori, que es la encargada de dar luz verde a la solicitud del ayuntamiento. Una vez tengan elaborado el nuevo informe lo remitirán de nuevo al departamento de María José Salvador para lograr la aprobación. Posteriormente se expondrá públicamente en el período de alegaciones y la intención del consistorio es que esté aprobado durante el próximo año. En este sentido, la modificación se está tratando en el Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente de Participación Ciudadana.

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