Si el drama que comporta un desahucio tiene un nivel emocional solo conocido por los que lo sufren en sus carnes, si le acompaña el fallecimiento de un familiar las consecuencias son devastadoras. Una familia de Paiporta abandonará mañana la vivienda de toda la vida para cumplir con una sentencia que dicta el desahucio, solo ocho días después de la muerte del propietario.

Con el cambio de gobierno en el municipio, José y Teresa (66 y 60 años) acudieron a los servicios sociales del ayuntamiento a interesarse por la mediación hipotecaria. Al parecer, empezaban a sospechar que se les venía encima un problema gordo, que podía acabar con la pérdida de su vivienda. Los dos vecinos habían utilizado el inmueble como aval de una operación, bien un préstamo hipotecario o un crédito, algo que la familia está tratando de averiguar.

La firma del contrato se formalizó en un banco, con apenas oficinas en España, en la sede de la calle Colón de Valencia. Actualmente, la entidad ya solo dispone de local físico en Madrid y el único contacto debe ser telefónico o a través de internet.

José y Teresa, dos personas mayores, acudieron al ayuntamiento en busca de ayuda. Desde el departamento de servicios sociales se pusieron manos a la obra, tratando de negociar con la entidad financiera una solución que evitara la ejecución hipotecaria, pero la comunicación ha sido muy complicada. Mientras, el banco seguía su proceso judicial para lograr el desahucio de la vivienda utilizada como aval.

Hace unas semanas, la familia recibió la comunicación del juzgado que fechaba para este 16 de noviembre el desalojo de la vivienda. Así, el matrimonio de José y Teresa, sus dos hijos „una chica de 23 años desempleada y Daniel, ahora divorciado y con dos hijos en custodia compartida„y la abuela, de 91 años con alzheimer y dependiente, se veían en la calle.

Si la situación ya era dramática, José tenía que ser intervenido en una complicada operación el 5 de octubre. Tras salir del quirófano, el hombre estuvo en cuidados intensivos por complicaciones en la operación. Falleció el pasado martes. Durante el último mes, Daniel y su familia se han desvivido ante la delicada situación por la que atravesaba su padre. Tanto los propietarios como el ayuntamiento trataban, si bien el desahucio era inevitable, lograr un alquiler social o, en última instancia, prorrogar el alzamiento para poder encontrar un cobijo alternativo y realizar la mudanza. Solo obtuvieron un silencio administrativo. Con la idea de que mañana estarán en la calle la familia ha logrado un piso propiedad de unos familiares. Eso sí, más pequeño y en una cuarta altura sin ascensor. La mudanza ha sido la básica, sólo lo necesario.

Daniel comentaba a este diario que «no sabemos lo que ha podido ocurrir. Lo que está claro es que se dejó de pagar hace un tiempo y al final el banco le ha quitado la casa a mi madre». Por este motivo, esta misma mañana hay programada una reunión con los abogados para «ver qué ha pasado» y sobretodo «si esto nos va a afectar a los hijos de alguna manera, porque igual la deuda no se cancela del todo y todavía nos salpica aún más».

El banco podría aplazarlo

A última hora de la tarde, los abogados del servicio que ofrece la Mancomunitat de l'Horta Sud que llevan el caso contactaron telefónicamente con el banco, que les anunció que hoy presentarán en el juzgado un aplazamiento de la ejecución, aunque no pudieron precisar el tiempo y si servirá para negociar quedarse en la vivienda con un alquiler social o sólo para poder realizar la mudanza.