El plan urbanístico Nou Mil·leni de Catarroja, que contemplaba la construcción de alrededor de 12.000 viviendas sobre unas 170 hectáreas en plena huerta, sigue dando sus últimos coletazos judiciales.
Como si de un «déjà vu» se tratara el Tribunal Superior de Justicia de la C Valenciana ha vuelto a tumbar esta misma semana, tal como hiciera en octubre de 2011, la macrourbanización que se aprobó en su día dentro del PGOU del municipio. El proyecto lo impulsó Improva, una empresa mixta formada por el Ivvsa „la extinta firma pública de la vivienda„ y la promotora Llanera.
En 2011 el TSJ emitió una sentencia contra el plan al no contar con el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de recursos hídricos para suministrar a todas la viviendas proyectadas. Tras el fallo, la Generalitat, que participaba en el PAI, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación.
El alto tribunal emitió su fallo en julio de 2014 ratificando una por una las tesis que había defendido el TSJ tres años antes, devolviendo así la causa hasta el tribunal valenciano. Tras esta resolución se presentaron hasta siete nuevos recursos a favor del proyecto: tres sobre el plan urbanístico como tal y otros cuatro por la urbanización.
Esta semana, el TSJ ha resuelto el primero de ellos, según detallaba ayer el concejal de Urbanismo de Catarroja, Martí Raga. Se trata de la alegación en torno al plan parcial y la homologación y ha vuelto a desestimarse por la ausencia de concreción sobre los recursos hídricos. Con este pronunciamiento, el cual es firme y contra el que no cabe recurso, deja el suelo afectado por el PAI como no urbanizable, aunque el PGOU aprobado por el pleno en su día lo mantiene como urbanizable, indicó Raga.
Ahora quedan por resolver otros dos recursos, aunque Raga es «optimista» y «tras haberse anulado el primer recurso se espera que los otros sean también desestimados». Respecto a los otros cuatro, los presentaron particulares sobre el proyecto de urbanización.
Reforma del PGOU
El nuevo equipo de Gobierno de Compromís-PSPV tiene en mente modificar el PGOU para devolver a la zona de huerta la clasificación de no urbanizable, prueba de ello es que allí se plasmará la iniciativa del banco de tierras. También quiere el ejecutivo que esa pastilla de 170 hectáreas forme parte del Plan Acción Territorial de l´Horta impulsado por la nueva conselleria de Territorio. El problema radica en que hasta que no estén resueltos todos los recursos presentados «es aconsejable no ejecutar definitivamente la modificación del PGOU para evitar dar pie a que puedan volver a litigar pidiendo indemnizaciones que costarían mucho dinero al ayuntamiento y la Generalitat», apuntó el regidor de Urbanismo. La previsión es que no se finiquite la causa hasta dentro de un año.
