José Rayo sufrió en 1991 una electrocución que le causó una minusvalía del 65% y la incapacidad laboral total cuando ejercía su trabajo en la construcción de una zona comercial de Burjassot. La empresa no contaba con el proyecto de Seguridad e Higiene y tras ir a juicio, la víctima llegó a un acuerdo con la empresa aseguradora, que le indemnizó con 120.000 euros. Sin embargo, en ese acuerdo se firmó la condición de que el demandante podría proseguir con el proceso judicial que tenía en marcha en el Tribunal Supremo donde reclamaba todo tipo de derechos laborales, tales como el pago del los 10.000 euros del conocido como Seguro del Metal, que tiene este tipo de empresas, o el cobro del paro cotizado durante sus años laborales.
Una serie de derechos que no ha llegado a obtener debido, según el denunciante, «a la falta de voluntad y el mal ejercicio» de los tres abogados que llevaban el caso, y que el propio denunciante acabó demandando por deslealtal profesional.
Tras desestimar la causa por haber prescrito, ahora José Rayo ha pedido en el Juzgado número 2 de Paterna que se vuelva a reabrir el caso «porque quiero que se me reconozcan todos los derechos vulerados, y para que estos abogados no engañen a otras personas. Me han destrozado a vida».
