La batalla judicial que mantiene Josefa Martí, una anciana de Mislata, contra la Fundación Francisco Balbastre, presidida por el sacerdote José Alfredo Cremades, durante años ha vivido un nuevo episodio. La Audiencia Provincial ha archivado de forma provisional la denuncia que presentó la mujer contra el cura por la venta de dos pisos de la citada fundación.
El conflicto entre ambas partes se remonta a varias décadas por la propiedad de la vivienda en la que vive la anciana y su familia en la calle Mayor de Mislata. Pese a que el Supremo concedió a la Fundación la titularidad del piso, la mujer ha pleiteado y gracias a la ayuda, entre otros de la PAH, evitó su desahucio en varias ocasiones. Al final, los dos frentes firmaron el pasado mayo un alquiler vitalicio de 20 euros mensuales, y que se mantendrá aun con el fallecimiento de Pepita o su marido, permitiendo a su hijo y su nieta residir en el inmueble.
Pese al acuerdo, Pepita aseguró que mantendría su guerra en los juzgados contra la fundación. Así, presentó una denuncia contra el sacerdote por la venta que hizo de dos viviendas, situadas en la calle Buen Pastor de Mislata, y que actualmente se han convertido en un gran unifamiliar. La anciana aseguraba en su demanda que «no existía en el protectorado de fundaciones autorización para realizar la venta» y solicitaba al juez «conocer el paradero del dinero obtenido con la venta de los inmuebles».
El Juzgado de Primera Instancia de Mislata abrió diligencias, e incluso llamó a declarar a los propietarios de la nueva vivienda y al sacerdote. Tras escuchar a las partes archivó el caso. El letrado de Pepita recurrió y la Audiencia ha ratificado el sobreseimiento provisional. Entre sus argumentos resalta que la compraventa en cuestión «se realizó con normalidad» y «por un precio del que no puede decirse que fuese notoriamente inferior al de mercado».
Sí había autorización del patronato
Además, sostiene el auto de la Audiencia, «consta la autorización conferida por el patronato de la fundación» para las ventas» y asegura que el dinero obtenido «ha sido convenientemente destinado a atender diversos gastos de mantenimiento de los restantes inmuebles de la fundación». Por este motivo, «no es posible afirmar, ni siquiera a nivel indiciario, que el investigado se haya apropiado indebidamente de todo o parte de dicho dinero».
