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Salarios

Empleados discapacitados de dos gasolineras denuncian el impago de 18.000 euros en nóminas

El taller especial de empleo cerró las estaciones de Albal y Catarroja hace meses pero los trabajadores siguen dados de alta. Presentaron un recurso ante el SMAC pero no hubo acuerdo y ahora han recurrido a un bufete de abogados para iniciar un proceso judicial.

Empleados discapacitados de dos gasolineras denuncian el impago de 18.000 euros en nóminas

Sin cobrar desde hace seis meses, con el negocio cerrado, dados de alta en la seguridad social impidiéndoles percibir prestación por paro, cabreados y desesperados. Así están cuatro empleados de dos gasolineras de Albal y Catarroja, cuyo propietario decidió bajar la persiana hace unos meses. La cosa se agrava si la estación de servicio funcionaba como un centro especial de empleo y los trabajadores que denuncian los impagos son personas con diversidad funcional de hasta el 50%.

La historia de Santiago, Joan, Ángela y Juan Carlos en estas gasolineras arrancó en 2010. Fueron contratados por su condición de discapacitados físicos. Un par de años más tarde el propietario de las estaciones de servicios, también implantadas en Paterna, Bétera, Alboraia o Canet, decidió convertirlas en centro especiales de empleo para poder beneficiarse de las bonificaciones empresariales en materia de Seguridad Social, financiadas parcialmente por el Fondo Social Europeo.

Pese a que en determinados momentos «realizábamos trabajos que debíamos hacer, como subir a escaleras para cambiar los precios, y que provocó que en algún momento algún compa cayera», denunciaban ayer, el negocio funcionaba. A mediados de 2013 vino el primer susto. «Cerraron durante un par se semanas sin justificación y nos daban días de vacaciones. Llamamos a un notario para que levantara acta y a los pocos días volvió la actividad», recordaba ayer Santiago frente a los surtidores de la gasolinera.

Las cosas empezaron a ir a peor. «Había veces que compraban sólo unos dos mil litros de combustible y había veces que no podíamos dar servicio», indicaban. A esto se suma que «había meses que no te pagaban y otros sí. Pero como son un centro especial de empleo deben estar al día para beneficiarse de las bonificaciones, por lo que el mes siguiente volvían a pagar», apuntaban.

Pero el pasado mes de junio no hubo vuelta atrás. La empresa, que ya había traspasado las otras gasolineras que tenía, dejó de pagar las nóminas a los empleados de Catarroja y Albal, y en agosto y octubre, respectivamente, las cerró. «Desde entonces estamos sin cobrar, pero no estamos despedidos, seguimos de alta en la Seguridad Social, con lo que tampoco tenemos derecho a paro», censuraba Joan. En total son cuatro los empleados que han decidido emprender la vía judicial para reclamar la deuda, aunque uno de ellos se encuentra de baja los últimos meses, con lo que los impagos ascienden a unos 6.000 euros por cabeza.

Recientemente, presentaron un recurso administrativo ante el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación para tratar de llegar a un acuerdo con la empresa, pero fue imposible. «La administradora dijo que tenía que resolver una serie de trámites, y que hasta entonces no pagaría. Y así estamos desde entonces. Sin saber nada de la empresa, sin poder contactar con la administradora, no coge el teléfono y estamos desesperados», lamentaba Ángela.

Ahora, han recurrido a un bufete de abogados para iniciar un proceso judicial, pero son sabedores que de no será resuelto en una media de seis meses y un año. También han presentado un escrito ante el Ministerio de Empleo alertando de que la firma sigue beneficiándose de las bonificaciones fiscales mientras las gasolineras están cerradas y los trabajadores sin cobrar.

Y mientras siguen sin ingresos, y sin poder trabajar para no perder todo lo que deberían percibir. «La situación económica es muy mala. Si ahora puedo comer es gracias a que mi suegra me está ayudando. Yo no tengo otro tipo de ingreso, ni nómina, ni paro... Con 500 euros que entran en mi casa y cuatro personas tienes que sacrificar algún pago para poder comer „en referencia a que debe algunos recibos„ y mi hijo ya no estudia porque no puedo comprar los libros», relataba Santiago, con un problema de columna. «Estamos en una mala situación. Estoy divorciada y una hija de 28 años, y con lo que me dan de la mutua no me da para mucho y no llegas a pagar algunas cosas. Si esto se alarga mucho no tendremos nada», advertía Ángela. También, Joan narraba sus problemas: «Tengo una niña de tres años y la suegra me ha tenido que ayudar para comprar material, uniforme matrícula y un bebé de un año que come todos los días. Ya no son sólo las deudas, sino que no cobras ni te puedes buscar la vida porque lo pierdes todo ya que a efectos legales estamos trabajando y te impide al menos cobrar el paro». Los cuatro tienen la esperanza de que esto se resuelva pronto con el juicio y «poder buscarnos la vida».

Por su parte, la empresa no atendió ayer las reiteradas llamadas de este diario.

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