Alboraia es uno de los municipios más endeudados de la Comunitat Valenciana. Lo es desde hace años y pese al esfuerzo de los últimos gobiernos presididos por Miguel Chavarría (PSPV) han logrado rebajar las facturas y créditos pendientes. Además de los 23,4 millones que le reclama Quabit por la Marina, aún tiene muchos de los edificios públicos hipotecados y aún adeuda a la Generalitat gran parte del coste del soterramiento de la línea 3 del Metro que asumió el municipio (la mitad de los 70 millones que costó el proyecto). Un informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de 2013 contabilizaba 103,2 millones en saldos a acreedores a corto y largo plazo, y pasivos y compromisos financieros no registrados por parte del ayuntamiento, y 25,4 millones de deuda por parte de Egusa.
Se podría fechar el inicio de esta debacle en 2005, cuando el entonces alcalde Manuel Álvaro impulsó el proyecto de Port Saplaya, valorado entonces en unos 600 millones de euros. La urbanización supondría el traslado del centro comercial a la huerta de Vera, cuyos propietarios exigían hasta 260.000 euros por hanegada de este suelo agrícola que acabó siendo de máxima protección. Egusa pagó más de 3 millones de euros solo en las opciones de compra del 35 % del sector. Tal era la grandeza de miras de aquel gobierno «precrisis económica» del PP que en 2007 presentó un presupuesto de 154 millones, el más alto de la Comunitat Valenciana solo por detrás del «cap i casal» ya que se diseñó sobre los futuros beneficios que se obtendrían por los proyectos urbanísticos en los que andaba inmerso el municipio. Dos años más tarde, el mismo ayuntamiento tuvo que aprobar un plan de ajuste y en 2010 planeó el primer ERE que se planteó en España para una plantilla municipal. Parte de estas operaciones urbanísticas, y la relación del exalcalde con algunas empresas implicadas, están siendo investigadas por el juzgado de Moncada.