En apenas un año y medio de funcionamiento, la Asociación Valenciana de Transtorno de la Personalidad ya tiene 50 familias. «No hay recursos para atender estos casos. Somos el hermano pobre de la salud mental. Hasta hace muy poco los psiquiatras no consideraban estos casos, sólo atendían situaciones puntuales de los síntomas como la agresividad o las depresiones», explica la presidenta Roser Mut.
El problema básico es que la administración pública «no es consciente del problema y los políticos menos aún». Las familias se mueven entre las áreas de Sanidad y Bienestar Social, lo que provoca que «vayamos muy perdidos». Dado que no existe un protocolo general que se refiera a este tipo de casos, «se dan situaciones como que un enfermo mayor de edad tiene una crisis violenta, va a urgencias y puede marcharse por su propio pie cuando quiera», explica. «Les ponen un calmante y a casa. Conseguir un ingreso es dificilísimo y luego tenemos que pelear con los jueces para que impongan la estancia en el hospital», añade Mut.
Otro de los problemas que tienen las familias se produce cuando toman la decisión de incapacitarlos, sobre todo económicamente. «Es muy difícil conseguirlo con este tipo de patología. Y la solución no puede ser que un familiar se haga cargo porque pueden volverse violentos contra él. Tiene que crearse una figura en la administración», añade. La asociación denuncia que tiene que pagar su propio local y lucha por crear una Fundación que ayude a las familias.
