El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha anunciado que paraliza la retirada del panel cerámico de la fachada de la Iglesia Parroquial San Antonio Abad, que incluye los nombres de los 39 vecinos fusilados durante la guerra civil, hasta que se no se resuelva el contencioso administrativo que presentaron los familiares de los fallecidos. El consistorio ha decidido personarse en la causa, después de que el pasado 23 de enero, el juzgado contencioso administrativo número 7 admitiera a trámite el recurso de la agrupación de familiares contra el acuerdo adoptado por el pleno en julio.
En aquella sesión pleno con los 8 votos favorables del grupo socialista y de Compromís y los votos en contra del PP e Independientes de Rafelbunyol (IdRA), se acordó retirar el panel para cumplir con las recomendaciones realizadas por la comisión técnica que había montando el ejecutivo local que, a su vez, solicitó a la Dirección General de Reformas Democráticas de la Generalitat un dictamen sobre la aplicación de la ley en lo que se refiere al panel de la iglesia. El dictamen, que no era vinculante, fue claro: había que quitar la cruz sin tener en cuenta la alternativa planteada por los familiares de los fusilados, que era mantener sus nombres y eliminar el «José Antonio Primo de Ribera, Presente» y el «Caídos por Dios y por la Patria».
Crisis de gobierno tras el pleno
La votación dejó una segunda consecuencia. El voto en contra de IdRA provocó una crisis de gobierno al pasar los Independientes de socio a oposición. El alcalde socialista Fran López aconsejó a los que estuvieran en contra del dictamen de la comisión a acudir a los tribunales, tal como han acabado haciendo ambas partes, pero defendió que la decisión del pleno «no era de izquierdas ni de derechas, no es política. Es una decisión para cumplir la ley».
En cambio, los familiares de los fusilados, encabezados por Vicen Castellar, defendieron que si se retira las referencias a la patria y al fundador de la falange, la Cruz de los Caídos no tendría nada de político y sí de religioso y recuerdo familiar.
Ahora, Alicia Piquer, concejala de Cultura y Presidenta de la Comisión de Memoria Histórica creada dentro del Consejo de Participación Ciudadana, aseguró que el ayuntamiento tiene que ser «respetuoso con los procesos judiciales del mismo modo que, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica iniciamos este proceso». Así sera el juez el que decida qué se hace con el panel.
