El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha estimado que el Ayuntamiento de Albuixech debe aplicar la sentencia del 5 de febrero de 2016 que confirma la sanción de tres años de suspensión de empleo y sueldo a un policía local impuesta en 2012 por «insubordinación e incumplimiento de sus funciones» cuando trabajaba en Massamagrell. De hecho, el alcalde Josep Vicent Andreu ya le ha notificado a dicho agente que la inhabilitación se aplicará a partir del 1 de marzo y será efectiva hasta el 29 de febrero de 2020.
Pese a que la sentencia era firme y pedía su ejecución inmediata, el consistorio decidió acudir al Consell Jurídic ya que consideraba que esta sanción se produjo cuando el policía ejercía en Massamagrell y no en Albuixech. Al mismo tiempo, planteaba la opción de iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la resolución por la que se le concedió la permuta a Albuixech en 2012, ya que el alcalde alegaba «desconocer» que dicho funcionario estaba siendo investigado y más tarde denunciado por el Ayuntamiento de Massamagrell
El cuanto a la primera cuestión, el órgano consultivo de la Generalitat resuelve que «el fallo judicial debe llevarse a efecto debiendo ser el Ayuntamiento de Albuixech el que adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo».En cuando a revocar la permuta, el Consell resuelve que no tiene competencias para pronunciarse.
Colaboró en la investigación
Andreu defendía ser desconocedor de que este agente estaba siendo investigado por el Ayuntamiento de Massamagrell durante l a permuta aprobada en 2012. Sin embargo, en un escrito con registro de salida del 17 de julio de 2011 al que ha tenido acceso Levante-EMV, el alcalde de Albuixech «muestra su disposición a prestar colaboración requerida del vicesecretario general Antonio Espinaco con el Ayuntamiento de Massamagrell para la instrucción de un expediente disciplinario a un Policía Local».
