El juzgado de lo Social Nº 8 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Catarroja a abonar 48.000 euros a ocho trabajadoras de la residencia de la tercera edad por incumplir el contrato y no remunerarles conforme dicta el convenio colectivo.
La residencia Francisco Ramón Pastor fue inaugurada en 1993 por el entonces alcalde Antonio Cubillos. El centro, sobre suelo privado, lo gestiona la congregación religiosa Madres de Desamparados y San José de la Montaña, aunque es de carácter público. De hecho las empleadas son contratadas por el propio ayuntamiento.
Las trabajadoras más veteranas están acogidas al convenio colectivo de Residencias de la Tercera Edad, mientras que en los contratos más recientes no figura convenio alguno. Durante años las empleadas fueron cobrando sus salarios conforme al citado convenio. Pero fue a partir de 2013 cuando el ayuntamiento, en manos del PP, decidió dejar de abonarles el salario respecto al convenio y pagarles una cantidad bastante inferior. Por ejemplo, una trabajadora percibía en noviembre de 2013 un salario base de 892 euros, cuando tenía que cobrar 1.203 euros.
Ocho empleadas, de las 16 de la plantilla, presentaron una denuncia a finales de 2014 para reclamar las cantidades que les hubiera tocado percibir el último año, ya que la Justicia solo contempla poder reclamar los doce meses anteriores a la presentación de la demanda. El ayuntamiento no acudió al acto de conciliación en el SMAC.
La sentencia de esta misma semana, a la que ha tenido acceso este diario, estima la demanda de las trabajadoras y condena al ayuntamiento a pagar unos 48.000 euros correspondientes al periodo entre noviembre de 2013 y octubre de 2014. La magistrada recuerda que fue la parte demandada la que suscribió los contratos adheriendo a las empleadas al convenio de residencias.
El consistorio se escudó en que el centro se «financia con fondos municipales, estando limitados los salarios por los presupuestos que se aprueban para cada anualidad». En cambio, la jueza concluye que el hecho de que «exista un tope de gasto en el presupuesto no puede esgrimirse como argumento para dejar de abonar a las trabajadoras los emolumentos que les corresponden al haber sido la contratadora la que, al suscribir los contratos, se adhirió a dicho convenio debiendo por tanto asumir las consecuencias».
Algunas de las trabajadoras mostraban ayer su satisfacción por el fallo. «Esto es el inicio de un proceso para hacer justicia y cobrar lo que nos toca, ya que ese salario no era normal», apuntaba Mari Carmen, con 15 años en la residencia. Y es que algunas empleadas ya preparan otra demanda para reclamar el salario de 2016. «Lo que pedimos es lo que marca la ley y tenemos el derecho de reclamar lo que nos han dejado de pagar», aseguraba Carmen, en el centro desde hace siete años.
Por su parte, el alcalde Jesús Monzó se alegró de que las trabajoras «hayan ganado y tengan un salario digno» pero también recordó que el Capítulo 1 de gastos „referente al personal municipal„ «está limitado por la Ley Rajoy» y «a esto se une que estábamos con el presupuesto prorrogado y no teníamos margen, pese a que la situación viene de la etapa del PP». Monzó no pudo concretar si recurrirán. «La idea es no hacerlo pero deberá estudiar la sentencia el servicio jurídico».
Pérez insta a Monzó a no apelar
La portavoz de Guanyar Rosa Pérez instó al equipo de gobierno a «no recurrir la sentencia» y «tener más sensibilidad para garantizar un salario digno para las trabajadoras». La diputada recordó que la situación de las empleadas «ya la denunciamos en la oposición» y «mientras estuvimos en el gobierno no nos hicieron caso». Pérez lamenta que «nunca se debería haber llegado hasta el juzgado» ya que «si tienes un contrato, debes cumplirlo».
