El gobierno local de Paiporta ha destituido hace unos días al que era ingeniero municipal, tras acusarle de haber utilizado operarios de la brigada del ayuntamiento para realizar un trabajo en una vivienda de su propiedad. El despido se ha producido tras concluirse un largo procedimiento administrativo que arranca desde noviembre del año 2015.
Según ha podido saber Levante-EMV, la sanción se le impone porque se considera probado que, en esa época, el mencionado extrabajador convocó un día a un oficial de la brigada y a un electricista en horario laboral, y les indicó que acudieran a recogerlo con un vehículo municipal. Posteriormente les mandó que se dirigieran a una población cercana fuera del término municipal de Paiporta donde les ordenó que realizaran la instalación eléctrica de un horno nuevo que había adquirido para una vivienda de su propiedad. El trabajo duró unos 15 minutos. Al finalizar, los empleados de la brigada incluso transportaron al ecoparque el horno viejo desinstalado.
A lo largo del expediente, que fue instruido por un funcionario perteneciente a otro ayuntamiento, el ingeniero municipal, si bien reconoció parte de los hechos, también realizó diferentes alegaciones que matizaban las versiones de otros testigos. No obstante, sus argumentos fueron desestimadas por no considerarlos creíbles.
Al final de la primera parte del proceso, el ingeniero, que era un trabajador interino del consistorio, fue sancionado por una falta disciplinaria consistente en «emplear o autorizar para usos particulares, medios o recursos de carácter oficial», como recoge la Ley de la Generalitat Valenciana 10/2010 de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.
Dado que en el contexto del procedimiento la falta fue calificada como leve por considerar que el aprovechamiento que se había realizado era mínimo y el coste económico para las arcas públicas no era alto, el extrabajador fue sancionado con la suspensión de funciones y retribuciones por un período de hasta 15 días, que finalmente fue rebajada a siete jornadas. Después del pertinente período de alegaciones, la sanción fue aplicada al ingeniero en otoño del pasado ejercicio.
No obstante, según ha averiguado este diario, el gobierno local inició un segundo procedimiento que es el que ha propiciado su expulsión de la plantilla municipal. El consistorio formuló una pregunta a la dirección general de Administración Local de la Generalitat Valenciana sobre «las consecuencias que lleva aparejada para un funcionario interino la suspensión de empleo y retribuciones por causa de la imposición de una sanción en el marco de un expediente disciplinario».
La consulta se elevó al servicio de Asesoramiento Municipal y Gestiñon de Habilitados Estatales. Y este organismo ha concluido que «de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia analizada, el funcionario interino suspendido de empleo y retribuciones como consecuencia de una sanción disciplinaria perdería el puesto de trabajo que ocupaba» y, a su vez, «la pérdida del puesto de trabajo del funcionario interino es causa de cese de la relación funcionarial». Por ello, «tras el cumplimiento de la sanción, el funcionario interino ya no podrá reingresar al servicio activo para ocupar este mismo puesto ni otro en la Administración por el mecanismo de adscripción provisional (al no encontrarse en idéntica situación jurídica que un funcionario de carrera), salvo que acceda de nuevo al empleo público a través de los procesos selectivos previstos en la ley, de conformidad con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad».
A preguntas de este diario, fuentes del gobierno local tripartito de Paiporta han indicado que «en un caso de este tipo no podíamos mirar para otro lado» y, por ello, se ha actuado de este modo. Las mismas fuentes han indicado que «hay que pensar también en los derechos de los dos trabajadores a los que un superior ordenó hacer algo que no era correcto». El empleado dejó de prestar sus servicios hace unos días y el ejecutivo aún no ha decidido si tomará alguna medida legal.
