El equipo de gobierno de Paiporta ha decidido revisar de oficio la oposición para adjudicar cinco plazas de Policía Local, que Vicente Ibor (PP) dejó en dos antes de abandonar la alcaldía en 2015 y que los tres agentes que aprobaron llevaron al juzgado ganando la denuncia y obligando al consistorio a incorporarlos. Para ello remitirá al Consell Jurídic Consultiu (CJC) todo expediente para que se pronuncie y actuar.
El caso arranca en 2009. El ejecutivo popular publica la convocatoria de dos plazas de agente de Policía Local. Dos años más tarde modifica el proceso y lo convierte en dos: una por «consolidación de empleo» y otras cinco, de las cuales cuatro eran por turno libre y la otra por movilidad. La aprobación para llevar a cabo el proceso contaban con sendos informes en contra del secretario y de la técnica de personal municipal. El alcalde se escudó en un informe del intendente principal que avalaba la convocatoria de plazas superior a lo que marcaba la Oferta de Empleo Público.
A esto se suma que en 2013 el BOP publica una modificación del tribunal que debía regir el proceso selectivo. Así, los integrantes serán los designados por el alcalde Ibor, obviando la normativa vigente que determina que deben estar presentes un representante del Ivaspe y de la Generalitat para garantizar la imparcialidad.
En abril de 2015, un mes antes de las elecciones, finalizó el proceso. La plaza convocada por los requisitos de movilidad fue asignada a la única persona que se presentó, mientras que los cuatro aprobados por turno libre debían realizar un curso en el Ivaspe para convertirse en funcionarios de carrera. La oposición de consolidación nunca se celebró.
El problema surgió cuando uno de los aspirantes que no pasó el corte presentó un recurso de reposición en el consistorio rescatando la modificación de la convocatoria que había pasado de dos a cinco plazas. El secretario, tal como ya advirtió en su informe al alcalde en 2011, dio la razón al opositor. Ibor con las elecciones ya perdidas dictó un decreto y dejó a tres de los cuatro aprobados con peor nota sin puesto. Los agraviados presentaron un contencioso administrativo que falló el juzgado el pasado septiembre dando la razón a los agentes y dejando sin efecto el decreto del alcalde. En la sentencia se reprocha a Vicente Ibor que no se podía anular un proceso selectivo con un decreto sino que debía haber solicitado un dictamen previo al Consejo de Estado o al Jurídic Consultiu.
Un tribunal irregular
Ahora el consistorio ha notificado a los 19 aspirantes que participaron en el proceso para que presentan sus alegaciones y remitir el expediente completo al CJC con el objetivo de que se pronuncie sobre la revisión de las bases de las dos convocatoria para determinar el número de plazas que pueden ser convocadas. Además, consulta al Jurídic sobre la composición del tribunal calificador, ya que está configurado «con un flagrante incumplimiento de la normativa aplicable».
