Ramón Gobena iba a ser desahuciado ayer porque su piso en la Merced, uno de los barrios más humildes de Paterna, el piso que compró en 2002 tras pedir un crédito de 33.100 euros a Bankia, ya no le pertenece a él sino al banco. Ramón se enteró de esto el viernes, cuando le llamó su abogado de oficio para avisarle de que el martes le desahuciaban y de que su casa ya no era suya. «!Pero no lo era desde 2014 „clamaba ayer Ramón„. Estoy viviendo en un piso que no es mio pero no lo supe hasta el viernes cuando mi abogado me avisó».

Finalmente, el desahucio se paralizado, al igual que otros dos previstos para ayer en Paterna. A las 10.00 horas, cuando tenía que haber llegado de la comisión judicial, en el piso de Ramón esperaban los concejales Juanma Ramón (Compromís) y Javier Parra (EUPV), y los miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Paterna. Pero fue un error en la notificación lo que ha retrasado el desalojo de Ramón en varias semanas. Mientras esto ocurre, tanto los políticos locales como la PAH y el propio Ramón seguirán «luchando» para que este vecino de Paterna, natural de la antigua colonia y provincia española de Fernando Poo, no tenga que abandonar su casa. «No puedo permitirme el lujo de que mi hija pierda la casa que he hecho para ella».

La hija de Ramón se llama Luna y tiene 16 años y un autismo del 67 %. Aunque la custodia de la joven pertenece a su madre, Luna pasa mucho tiempo con su padre (así queda patente en un informe que han hecho los servicios sociales municipales), que ha adaptado su piso al mundo de su hija. «Está todo tal cual ella quiere. Este piso es el mundo de Luna. Si el banco se lo lleva, ese mundo desaparece».

Ramón perdió su empleo como albañil cuando la empresa cerró en 2008. Hasta entonces, había estado pagando la hipoteca mensual. Entre 180 y 220 euros, según el mes. Y, pese a estar en el paro, siguió pagando hasta 2011. «En 2013 obtuve la renta garantizada, y la ingresé en una cuenta en el mismo banco para pagarles lo que les debía. Pero me dijeron que antes de los 2.300 euros que les debía tenía que pagar 1.300 de gastos jurídicos. Yo me negué y en diciembre de ese año me llegó un comunicado del banco diciendo que me llevaban a juicio».

Fue entonces cuando Ramón puso en manos de un abogado de oficio su conflicto con Bankia, pero se queja de falta de comunicación por su parte. «Parte de la culpa es mía por no haber preguntado más, pero confiaba en su profesionalidad ya que me dijo que iría informando de las cosas».

Tras recibir el aviso de su abogado, Ramón contactó con el educador municipal que se ocupa del caso de Luna, que el lunes le entregó el informe sobre los problemas que acarreará su desahucio. Y ese mismo encontró el apoyo de la PAH. «A partir de entonces mi vida cambió. Unos desconocidos me dijeron que mi problema era muy grande pero que sonriera, que se podía solucionar. Ahora sé que no estoy solo en esta lucha».