Juan González es uno de los funcionarios imputados por el caso Bas. Él es el trabajador al que, según la denuncia, se le creó una plaza como Coordinardor de Obras y Servicios al perder la condición de liberado tras las elecciones de 2003. El tribunal no consideró probado este extremo y lo absolvió. Juan fue uno de los que reclamó las costas de su defensa, pero tanto el consistorio como el Juridic Consultiu se lo negaron.
Presentó el pasado año un contencioso administrativo que le ha dado la razón, obligando a las arcas públicas a abonarle 33.700 euros. González recuerda que tres sentencias «me han dado la razón» y «una mentira de Vicente Ibor „exalcalde del PP e impulsor de la denuncia„ha creado un gran perjuicio al ayuntamiento que ha tenido que pagar todo ese dinero en las costas de las defensas». El funcionario apunta que «se me hizo trizas entonces y no he recibido ninguna disculpa».
