La música comercial es él único sonido en la Cooperativa Virgen de la Esperanza de Mislata. Sus diez empleados, siete con diversidad funcional intelectual por encima del 60% y tres con discapacidad física, permanecen en silencio en su puesto de trabajo. Son mecánicos y muy disciplinados. Perciben el salario mínimo interprofesional, de poco más de 700 euros, por un turno de 7 a 3 de la tarde. Responden al periodista sobre qué hacen y lo que significa para ellos ir cada día al trabajo. Se les ve contentos, pese a que alguno se levante a las cinco de la mañana y tenga que coger dos autobuses de la EMT para llegar al centro de trabajo, pegado al cementerio mislatero.
Pero su situación, y la de sus familias, puede cambiar en cuestión de días o meses. La Generalitat, como le ha ocurrido a otros 27 centros valencianos, les ha denegado la subvención correspondiente al pasado año, lo que de primeras ya les causa una pérdidas de más de 40.000 euros para las familias que crearon el centro en 1988. De hecho, el próximo jueves tienen una asamblea para analizar la situación. El cierre no está descartado.
La cooperativa fue creada hace 28 años por media docena de familias con hijos con discapacidad.Está sobre suelo municipal en una concesión a 50 años. En sus inicios, los empleados, todos con diversidad funcional intelectual, confeccionaban zapatillas de suela de yute, pero desde hace ya bastantes años trabajan para una empresa de iluminación. El trabajo es tan sencillo como rutinario: cerrar los agujeros de las piezas para evitar que cuando sean pintadas se cubran los orificios para los tornillos y rellenar bolsitas con los kits de montaje de halójenos.
La concurrencia competitiva
Nacho García y María Luisa Cañada pertenecen a algunas de las familias que llevan el día a día del centro. Relatan que a principios de febrero recibieron la notificación de la Generalitat denegándoles la subvención de 2016, una ayuda que llevan cobrando sin problemas desde su apertura. El argumento, la concurrencia competitiva. Es decir, el que antes presenta los papeles es el que cobra. «Establecer un criterio así a centros en los que trabajan gente discapacitada es una broma, además de injusto y grave», señalan. «Qué vamos a tener que hacer, acampar en la puerta del Servef para la próxima convocatoria y ser los primeros para no quedarnos fuera», se preguntan Además, apuntan que en la nota se justifica el rechazo por el «agotamiento del crédito presupuestario para atender el ejercicio 2016».
El problema es que la convocatoria se hizo pública en agosto y no han respondido hasta este mes. «Te haces una planificación contando con esa subvención y te encuentras con el año vencido en que no tienes ese dinero. El pasado año ya compramos una furgoneta para recoger a los trabajadores en la Avenida del Cid y que no vengan hasta aquí andando y la Confederación Hidrográfica nos obligó a colocar un deposito para aguas residuales que nos costó 29.000 euros. A ver ahora qué haces», lamentan.
La subvención del Servef cubre el 50% del salario de los diez trabajadores y el de la trabajadora social que hace de encargada. La otra mitad proviene de la facturación con la empresa de iluminación. «Perder la ayuda del Consell significa tener pérdidas que superan los 40.000 euros. Somos las familias las que tenemos que pagar a los trabajadores, aquí no hay reparto de beneficios... Sin esa ayuda no se puede seguir», advierten.
