La ausencia del presidente de la comisión de Gobernación y Justicia de las Corts ha obligado a suspender la comparecencia del Director General de Seguridad y Emergencias José María Ángel, a petición del PP, prevista para hoy para que diera explicaciones del llamado 'caso uniformes' de Torrent. El asunto aborda la adjudicación y compra de la ropa de la Policía Local pese a que algunas prendas incumplían el decreto autonómico en cuanto al color, ya que el pliego determinaba que debían ser azul celeste cuando la norma dice que debe ser amarillo.

La portavoz del Partido Popular en la comisión de Gobernación, Vernónica Marcos, pretendía preguntar a Ángel la "responsabilidad" de la conselleria en el caso "haciendo la vista gorda en algunos aspectos. Algo olía mal en esa adjudicación ya que resulta extraño que la Generalitat no hubiera hecho nada desde el principio". Marcos avanzó que durante la comparecencia del director general se analizarían las actas de la comisión de investigación que se desarrolló en Torrent por el caso uniformes, y a las que asistió el propio Ángel. En este sentido, la diputada popular recordó la circunstancia esgrimida en algunas versiones sobre la existencia de un supuesto borrados de la Generalitat para cambiar el color de los uniformes, precisamente del amarillo actual al azul que se compró en Torrent.

Por otra parte, Marcos anunció que tambén ha pedido la comparecencia en las Corts del alcalde de Torrent, Jesús Ros, para que también explique el caso, que acabó con la devolución de las prendas a la empresa a coste cero, pese a que algunas ya habían sido utilizadas por los agentes. Para que el munícipe comparezca el PP necesitará el respaldo de otros grupos como Ciudadanos y que al menos otros, como Compromís donde la formación de Torrent ha sido muy crítica con el caso, se abstengan para lograr la autorización.

Cabe recordar que Torrent dio en noviembre carpetazo al caso de la compra de uniformes de la Policía Local, más de un año después de que arrancara un proceso que ha obligado a devolver las prendas por incumplir el decreto del Consell respecto al color y que se encuentra en la fiscalía por la denuncia del Partido Popular.

En las conclusiones acordadas por los cinco partidos que conformaban la comisión de investigación, los grandes señalados son Eduardo Martínez, jefe de la Policía, y José Antonio Castillejo, concejal de Seguridad. Al intendente„redactor del pliego„ se le atribuye «toda la responsabilidad técnica del proceso» y se propone que no vuelva a participar más en procesos de contratación y que se le abra expediente por los hechos. En cuanto al concejal, la comisión acuerda que «sin mala intención» tuvo una «actitud poco prudente» al no obtenerse los permisos que requería el secretario, comprando los uniformes «sin saber de manera firme si podrían usarse oficialmente». Por ello, le retiran las competencias en materia de contratación y firma de convenios.

Pero también la Generalitat se lleva duros reproches. Considera «inexplicable» su «lentitud» y sentencia que sus informes «eran lo suficientemente ambiguos como para inducir al error». Insiste que esa «ambigüedad ha impedido resolver el caso en tiempo y forma, demostrando una falta de claridad y concreción para colaborar con los ayuntamientos» . Se refiere a informes del Gabinete Técnico de Policías Locales, del Ivaspe y del propio José María Ángel, director general de Seguridad, respecto al color de las prendas que pueden usar los agentes «al parecer posibilitar el azul celeste». Además, «resulta acreditado» que «sí existía un borrador» para modificar el actual decreto de uniformidad para cambiar el amarillo, actual color, por el azul celeste, tono que se compró para Torrent. Ángel lo negó en su comparecencia. A su vez, se acusa al Consell de que el Gabinete Técnico de Policías «no funcionaba» y que las solicitudes de los ayuntamientos para autorizar el cambio de prendas «no han obtenido respuesta y pueden usarlas por silencio impositivo».

En las concesiones para consensuar las conclusiones, el PSOE ha incluido que el proceso «ha sido el legalmente previsto» y que hasta la adjudicación «todos los informes eran favorables». También el PP ha tenido que admitir que durante su gobierno (2007-2015) «se venía incumpliendo sistemáticamente el Decreto de Uniformidad en aspectos ajenos al color» y que las prendas «padecían muchos defectos de calidad».