Los 542 municipios de la Comunitat Valenciana tenían hoy una importante cita en el Palau de les Arts Reina Sofía. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias celebraba hoy su XIV Asamblea, el foro en el que los pueblos de Castelló, Valencia y Alicante han debatido sobre las necesidades comunes y, sobre todo, han trazado una estrategia común para afrontar los retos futuros a los que se enfrenta el municipalismo.

La asamblea extraordinaria de la FVMP ha estado presidida por el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, elegido por la unanimidad de todos los cargos electos presentes. En su intervención inicial como presidente de la mesa, Bielsa ha defendido el papel de la FVMP, de quien ha dicho que es "el organismo de lo próximo, de lo cercano" y el foro "desde donde debemos reclamar y recuperar la dignidad de las ciudades, de los municipios y de las mancomunidades".

El alcalde de Mislata ha defendido la "política de proximidad" y ha puesto como ejemplo de avance en este sentido el Fondo de Cooperación Municipal impulsado recientemente por la Generalitat o la Ley de Mancomunidades que el Consell ya ha remitido a Les Corts para su debate.

En el lado contrario, Bielsa ha destacado la infrafinanciación que sufre la Comunitat o la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno de España, "que impide a los municipios invertir los superávits en las necesidades reales de los ciudadanos para relegarlos en favor de los bancos". Según las palabras pronunciadas esta mañana por Bielsa ante los alcaldes y alcaldesas de la Comunitat, "para muchos ciudadanos, los municipios somos la esperanza de un futuro mejor; priorizar los ajustes presupuestarios a los servicios básicos no puede ni debe truncar esa esperanza". Por último, Bielsa ha dicho que los ayuntamientos necesitan "más competencias y menos burocracias".

El vicepresidente de la FVMP, Francesc Fernández, y el director general de Administración Local, Toni Such, han inaugurado la asamblea de los municipios valencianos. El presidente de la entidad, Rubén Alfaro, y el president de la Generalitat, Ximo Puig, han sido los encargados de clausularla.