La colaboración entre la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento Mislata ha evitado que Jazmín, una mujer con tres hijos de la localidad se quedara sin vivienda después que el juzgado ordenara el desalojo para finales de marzo por impago del alquiler a su casero. «La rápida actuación del ayuntamiento y de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), dependiente de la Conselleria de Vivienda, ha permitido solucionar el problema y realojar a esta familia monoparental, una mujer y sus tres hijos menores, en un piso de Valencia», han señalado en un comunicado las dos administraciones.

Según ha podido saber este periódico, aunque Jazmín llevaba más de un año residiendo en la vivienda, la mujer no se empadronó en Mislata hasta hace tres meses. En la localidad no quedan viviendas sociales sin ocupar, por lo que se le ha entragado un piso en València pese a que el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda incluye como requisito estar un año empadronado en el municipio en el que se encuentra el inmueble.

Después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) iniciase una intensa campaña en las redes sociales exigiendo al consistorio que intentase paralizar el desahucio de Jazmín y sus hijos, el Ayuntamiento de Mislata consiguió evitar el desalojo de la vivienda que la familia ocupaba en régimen de alquiler, al solicitar la suspensión de la medida hasta que se encontrara una solución, petición a la que el juzgado accedió. El contrato del alquiler, que Jazmín llevaba un año sin pagar, estaba a nombre de la expareja de la mujer.

En ese momento, tanto Ayuntamiento como EIGE, que es la entidad pública de la Generalitat encargada de la gestión de viviendas sociales, mantuvieron diversas entrevistas que han permitido solucionar el problema y evitar el desalojo. Tanto el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, como la directora general de EIGE, Helena Beunza, se han felicitado de que esta colaboración institucional haya impedido que la familia, con grave riesgo de vulnerabilidad social, se quedara sin vivienda.

La conselleria que dirige María José Salvador ha destacado que el papel de los ayuntamientos y la colaboración municipal son clave para que la nueva ley por la Función Social de la Vivienda pueda desarrollar todas sus potencialidades.