Un funcionario del Ayuntamiento de Foios ha sido condenado a dos años de prisión e inhabilitación para empleo público durante 8 años por apropiarse de cerca de 11.000 euros que 19 vecinos abonaron en efectivo en concepto de impuestos por la revalorización de terrenos o inmuebles. El juicio a este funcionario tuvo lugar ayer en el tribunal del jurado de la Ciudad de la Justicia de Valencia, si bien las partes alcanzaron un acuerdo sobre la pena y se dictará sentencia por conformidad, ha señalado la Fiscalía. En un principio, el Ministerio Público pedía 6 años de cárcel para el acusado.

Rafael Ruiz tiene 59 años y trabaja en el consistorio de Foios desde 1981 con responsabilidades en la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles. Aún así, había sido suspendido de sus funciones tras abrir el consistorio en 2014 un expediente disciplinario sobre su gestión. Según la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el ayuntamiento, entre diciembre de 2011 y mayo de 2014 recibió 10.989 euros de 19 contribuyentes que le fueron entregando en efectivo en las dependencias del Ayuntamiento para el pago de impuestos.

En lugar de ingresar estas cantidades en la cuenta municipal se las quedó, cometiendo así un delito de malversación de caudales públicos. En noviembre de 2016 el acusado devolvió al Consistorio 4.000 euros, por lo que ahora deberá devolver el resto, es decir, 6.989, y también hacerse cargo de las costas procesales.

La denuncia tuvo lugar después de que en 2014 el ayuntamiento, gobernado entonces por el PP, encargase una auditoría de las cuentas del consistorio tras detectar un presunto caso de malversación por parte del funcionario encargado de cobrar los tributos podría haber perpetrado. Según informaron en mayo de 2015 las fuentes municipales, en ese momento la investigación había llegado a los pagos realizados hasta el año 2010 y, supuestamente, se habían detectado 43 pagos irregulares en los que el recaudador o bien no cobró nada o ingresó tan solo una parte del montante total.

La investigación municipal que dio paso a la denuncia se inicio después de que una vecina acudiese al ayuntamiento para pedir el recibo por el pago de 1.240 euros que había hecho en metálico al recaudador por el impuesto de incremento de valor de los terrenos. Tras ser advertida de que este pago no se hacía de forma directa en las oficinas municipales, y declarar la mujer que sí lo había hecho y que había entregado el dinero a Rafael R., (el recaudador) el 15 de mayo de 2014 la secretaria y la interventora municipal realizaron un informe señalando que, si se confirma lo que aseguraba esta contribuyente, el funcionario habría incurrido en una infracción de «alcance o malversación de caudales o efectos públicos».

El ejecutivo local que presidía entonces Héctor Bueno (PP) calculaba en mayo de 2015 que las arcas municipales habrían dejado de ingresar cerca de 200.000 euros. Con los 43 pagos irregulares descubiertos hasta ahora, la auditoría habría detectado 155.665 euros, es decir, sabe la procedencia del agujero de buena parte de lo que se sospecha se ha estafado.

Finalmente, la sentencia judicial solo hace referencia a la malversación de pagos realizados a partir de diciembre de 2011. Por lo tanto, la instrucción no habría tenido en cuenta los resultados de la auditoría anteriores a esa fecha. El actual alcalde, Sergi Ruiz, ha considerado «satisfactoria para el ayunamiento» la condena del funcionario.