El caso abierto por la compra de uniformes de la Policía Local de Torrent, por valor de 200.000 euros, sigue su curso en los tribunales. El juez ha citado a declarar en calidad de testigos a las primeras cuatro personas que ha solicitado el representante legal del Partido Popular, que fue el grupo que llevó el asunto a la Ficalía Anticorrupción.

El consistorio licitó a finales de 2015 la compra de nuevos uniformes con un pliego que incluía ciertas prendas de colores no autorizados expresamente por el decreto autonómico que los regula. La compra llegó a adjudicarse y se adquirió la ropa. Tras diversas denuncias y recursos del PP, el asunto acabó en una comisión de investigación local y en una denuncia en la Fiscalía, por considerar los populares que el pliego, no sólo imcumplía la normativa sino que podía estar hecho para beneficiar a una cierta empresa, que era la que disponía de prendas en esos colores. Además, el contrato se anuló meses después y se devolvieron los uniformes.

Por ello, ahora se ha llamado a prestar declaración a la directora del Instituto Valenciano de la Seguridad Pública (Ivaspe), Ángeles Navarro Gosálvez, que firmó algunos de los informes emitidos por la Generalitat Valenciana en el procedimiento. Los populares pidieron su testimonio porque «en los informes se entraba en contradicciones y también porque en la comisión de investigación de Torrent negó que existiera un borrador de nuevo decreto en el que se iba a cambiar el color de los uniformes, cuando el director general de Seguridad, José María Ángel, reconoció la semana pasada en les Corts que sí que existía».

También se cita al intendente Juan Antonio Riquelme Botifora, que era el presidente del primer comité de valoración de las prendas -impugnado por el PP y que tuvo que modificarse-, y que actualmente es el oficial que hace mano derecha del jefe de Policía.

En el primer paquete de testigos, dentro de esta fase de instrucción, está también el representante del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la comarca, Julio Conesa, que en la comisión de investigación de Torrent denunció que existían muchos intereses de las empresas que optan a este tipo de concurso, entre otras afirmaciones.

Finalmente tendrá que acudir a declarar el representante de la mercantil Satara Seguridad, que también fue llamado a la comisiónde investigación y, como ya informó Levante-EMV, desveló una visita a sus instalaciones que le habían realizado el jefe de Policía Local y el edil de Seguridad, José Antonio Castillejo, en la que ya les advirtió que había detectado irregularidades en el pliego de condiciones que había aprobado el consistorio.

Según la providencia que firma el juez Jorge Martínez Ribera, los cuatro citados tendrán que ir a declarar el día 17 de mayo a las 11,45 horas al Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad. En el mismo documento se requiere al consistorio para que aporte las resoluciones por las que rompió el contrato así como el coste económico que ha supuesto.

El concejal del PP Nacho carratalà, que ha investigado el caso, considera que la citación «es un paso más para esclarecer este oscuro asunto» y ha deseado que «se resuelva cuanto antes y se determinen responsabilidades si ha habido un perjuicio económico para el consistorio.