Los pagos millonarios por expropiaciones han sido una de las patatas calientes en los municipios de la comarca los últimos años, fruto de PGOU o proyectos de envergadura. Paterna tuvo que pagar 9,6 millones de euros para convertir los terrenos del antiguo tiro a pichón en suelo público en forma de parque y zona verde. La cantidad abonada fue el resultado de un dilatado proceso judicial entre el consistorio paternero y la Sociedad Valenciana de Caza y Tiro.
Sedaví también se vio obligada a pagar unos tres millones por retrasarse en el abono de una parcela expropiada en 1994 para hacer una zona verde. El tribunal del justiprecio determinó que el consistorio debía entregar 600.000 euros, pero el ayuntamiento tardó un día más de lo establecido en hacer efectivo el pago. Eso le costó 2,5 millones en concepto de la nueva revalorización de la parcela y otros 500.000 euros por los intereses generados por la deuda.
Mislata tuvo que abonar unos cuatro millones por la expropiación de terrenos para realizar el Parc de la Canaleta, mientras que Rocafort pagó un millón de euros por una zona verde en la urbanización de Santa Bárbara.
El proyecto del Cinturó Verd „una alameda de 59.033 metros cuadrados cuya obra fue adjudicada en 1993„ acabó en el Tribunal Supremo condenando a Aldaia a pagar más de tres millones a los propietarios de las parcelas afectadas. Por su parte, Tavernes Blanques tuvo que poner a la venta edificios municipales para poder hacer frente a los 1,2 millones para quedarse con un solar urbano protegido.
Modificaciones de crédito
En 2013, el Ayuntamiento de Almàssera tuvo que aprobar una modificación de crédito para obtener 1.449.835 euros a cambio de anular 35 partidas y proyectos, alguno de ellos previstos desde el año 2001. La mayor parte del dinero (1,3 millones de euros) se destinará a pagar las expropiaciones de la Ronda Sur, proyecto que la Generalitat empezó a ejecutar en 1999 y que incluía también la construcción de un túnel para que pasase sobre él el metro.
En 2010, la justicia obligó al Ayuntamiento de Rafelbunyol a pagar 559.522 euros por la parcela de la residencia municipal al no desarrollarse la urbanización de un sector de la familia que donó el suelo para la obra.
En el presupuesto de 2016, la Pobla de Farnals tuvo que incluir dos partidas para hacer frente a la expropiación de una parcela en la zona de playa (1,1 millones) y la antigua cooperativa (1,2 millones).
