El concejal de Esquerra Unida que inició el proceso, Juanjo Llorente, considera que, si bien el auto señala que no existe delito penal, también deja claro que aquellos pagos fuera de contrato eran "una irregularidad administrativa que puede calificarse de grave por lo que esto ha de hacernos reflexionar sobre la forma de gestionar". Llorente añade que ha echado en falta en la instrucción que el fiscal investigara si las facturas que se firmaban "efectivamente respondian a un trabajo realizado" y también que no quisiera analizar la posible responsabilidad de la entonces alcaldesa, Carmen Jávega "al consentir y autorizar esta
contratacion fraudulenta y encubierta realizada sin concurso ni conocimiento público y que permitía dar trabajo a dedo a quien eligiera el PP, igual que ocurrió en legislaturas
anteriores con el PSOE". El edil recuerda que fue su denuncia en el consistorio y ante los tribunales la que provocó que la situación se regularizara (finalmente el servicio salió a concurso), por lo que anuncia que no recurrirá el sobreseimiento. Aunque Llorente impulsó el proceso, también fue posteriormente crítico con el rumbo de la investigación ya que consideró un error la imputación de Patricia de la Esperanza.
