El Arzobispado de València ha decidido disolver la asociación Misioneras de la Divina Providencia y hacerse cargo de todos los bienes que sus miembros gestionaban desde hace décadas en Algemesí (nueve inmuebles, entre ellos, la casa de la Beata Josefa Naval) y Bonrepòs i Mirambell (la escoleta infantil Virgen del Pilar a la que en la actualidad acuden 48 niños). Además, el Arzobispado ha intervenido y bloqueado las cuentas bancarias de la entidad donde, según fuentes cercanas a las «misioneras», tenían estas ingresados unos 165.000 euros.

Lo han hecho, según han justificado fuentes de la archidiócesis, porque esta «asociación pública de fieles de derecho diocesano» (una institución de naturaleza eclesial pero que no es una congregación, ya que no está aprobada por la Santa Sede aunque sus miembros sí hacen votos de pobreza, castidad y obediencia) ya tiene menos de tres miembros por lo que legalmente ya no puede considerarse como una asociación.

De hecho, tras la muerte el pasado domingo en una residencia de ancianos de la conocida como «hermana Encarna», solo queda la «hermana Rosa» y una «postulante» cuya entrada como miembro la entidad ha sido vetada por el Arzobispado.

El alto órgano eclesiástico especificó ayer a Levante-EMV que aunque las «misioneras» han hecho votos y llevan hábitos no pueden ser consideradas monjas o religiosas, ya que la asociación no está aprobada por el Instituto de Vida Consagrada.

Rosa Choque (la «hermana Rosa») era desde 2011 la directora de la asociación y responsable de la gestión de la guardería Nuestra Señora del Pilar de Bonrepòs, con ocho trabajadores y 48 alumnos inscritos. Sus familias, con el apoyo de gran parte del municipio incluido el alcalde, se han movilizado contra la intervención de la «escoleta» por parte del Arzobispado y han defendido la «magnífica labor» que realizan en el municipio y en la educación de los más pequeños. Según la diócesis, el centro escolar para niños de 0 a 3 años pasará a estar gestionado a partir del próximo curso por la Fundación San Vicente Mártir.

Pero, además de disolver la asociación, el Arzobispado anunció ayer a Levante-EMV que tiene intención de trasladar a la Fiscalía la auditoría sobre sus cuentas, que están a punto de concluir los comisarios nombrados por el arzobispo Antonio Cañizares y que demostraría, según la diócesis, un posible caso de malversación supuestamente por parte de Rosa Choque. Esta, según fuentes cercanas a la asociación, habría recibido ya la nulidad de sus votos por parte del propio arzobispado.

Además, y según figura en un documento al que ha tenido acceso este periódico, desde el nombramiento de los comisarios para gestionar las propiedades de las «misioneras» y auditar sus cuentas, la elección de Rosa Choque como «directora general» de la asociación quedaba en suspenso.

En este mismo documento fechado el pasado 23 de mayo, le recordaban a la «religiosa» que le habían solicitado los documentos sobre la gestión de la guardería y que los comisarios no consideran «satisfactorias sus explicaciones sobre el rendimiento de cuentas desde 2011».

«Tiene usted la posibilidad de explicar o justificar y defender su gestión al frente de la asociación durante estos años por escrito», le recuerda además uno de los comisarios, el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia, Juan Damián Gandía.

Según explicaban ayer a Levante-EMV las mismas fuentes del Arzobispado, los comisarios nombrados para gestionar la disolución de las Misioneras descubrieron unos «supuestos movimientos anómalos» en las cuentas de la asociación. Al parecer, la «hermana Rosa» se enteró de que las cartillas bancarias que ella manejaba habían sido intervenidas cuando se dispuso a pagar las nóminas de la plantilla de la «escoleta» de Bonrepòs.

El arzobispado ya tiene también las llaves de los inmuebles de Algemesí que gestionaba la asociación, entre ellos la que las Misioneras denominan «casa general», que es la vivienda donde murió la Beata Josefa Naval. Esta casa y otros siete inmuebles fueron adquiridos por el sacerdote Bernardo Asensi Cubells, fundador en 1944 de la asociación, e inscritos a nombre de la parroquia de San Jaime Apóstol de Algemesí.

En el documento sobre esta inscripción se pone como «condición» que estos inmuebles habían de pasar a manos de las «misioneras» cuando estas obtuvieran personalidad jurídica propia.

Por su parte, la asociación, que es de derecho diocesano (por lo tanto, depende del Arzobispado de València), ha enviado un escrito explicando el caso a la Congregación de Vida Consagrada. Según fuentes cercanas a la entidad, están «a la espera de una respuesta».

Más de 1.300 apoyos

Aunque en Algemesí la intervención del Arzobispado de València sobre las Misioneras de la Divina Providencia y su posterior disolución no ha tenido impacto, en Bonrepòs i Mirambell tanto las familias de los niños que acuden a la «escoleta» como muchos vecinos (incluyendo el alcalde socialista, Rubén Rodríguez) han empezado a movilizarse contra la decisión de la Archidiócesis de apartar a la asociación de la dirección del centro.

En una iniciativa tramitada a través de la plataforma digital change.org iniciada este fin de semana y que al cierre de esta edición ya había recibido más de 1.300 firmas de apoyo, las familias señalan que «la expropiación a la asociación sólo por intereses económicos no es un motivo moral, el cual ninguno entendemos viniendo de las instituciones que vienen. La educación debería ir en paralelo a temas económicos. No pueden perjudicar a los pequeños dejándolos sin centro para el año que viene con matrículas hechas y subvenciones ya fuera de plazo».

A este respecto, el Arzobispado se ha limitado a asegurar que la escoleta seguirá funcionando tras cederse su gestión a la Fundación San Vicente Mártir. Por su parte, las demás propiedades de la entidad podrían ser cedidas por la diócesis a otras asociaciones similares u órdenes religiosas.

Por su parte, fuentes cercanas a la asociación señalaron ayer que el nombramiento de los comisarios «sin que haya habido ningún incidente es una medida muy exagerada».

«Lo que creemos que está pasando -han asegurado- es que como la institución vive horas bajas, actualmente sólo hay una hermana y una novicia, el Arzobispado quiere disolver y gestionar las propiedades de la institución, entre las que se encuentra la guardería». «Se han extralimitado en las funciones. Tememos que haya interés en precipitar la disolución de las Misioneras para que los bienes pasen al Arzobispado», insistieron.

El propio alcalde de Bonrepòs, Rubén Rodríguez (PSPV), ha hecho un escrito público a través de las redes sociales en el que denuncia el «trato del Arzobispado sin justificación ninguna, sin argumentos sólidos, sin tener razón» hacia las «misioneras».

«Este acoso y derribo al que están sometiendo a la hermana Rosa, al sufrimiento que la están llevando con injurias, con presiones, con chantajes, hacen que me sienta en la necesidad como alcalde, papá que ha llevado a su hija a la guardería y vecino de Bonrepòs i Mirambell a mostrar todo mi apoyo y ayuda a la Congregación, a la guardería y a las trabajadoras del centro», señala el regidor.