El equipo de Gobierno de Godella formado por Compromís, PSOE e Izquierda Unida, ha alcanzando un acuerdo con la empresa propietaria de una pastilla de terreno en el Bovalar para abonar a plazos los 3,2 millones de euros por la expropiación de 14.510 metros cuadrados destinados a zona verde, según contempla el Plan General de 1990. El ayuntamiento recurrirá al Fondo de Impulso Económico (FIE) del ministerio de Hacienda para obtener un crédito de 1,5 millones y liquidar la deuda, junto con recursos propios, en cuatro años.
La propuesta de acuerdo se llevará al pleno del 29 de junio para que sea respaldada por la corporación, donde el ejecutivo se encuentra en minoría respecto a PP, Cs y Podem. Si sale adelante el calendario de pagos, se pondrá fin a un proceso largo.
La empresa dueña de los 14.510 metros inició hace años el proceso de expropiación forzosa, al contemplar el PGOU de 1990 que su suelo se convertiría en zona verde. En noviembre de 2012, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa valoraba el terreno en 1,1 millones de euros. Ni ayuntamiento ni propietario estaban de acuerdo con la cantidad y se inició un contencioso administrativo. El juez del tribunal que llevó el caso encargó una pericial para determinar una tasación, ante la reclamación tan diferentes de las partes: 902.475 euros del ayuntamiento y los más 8 millones del dueño. Así, el informe judicial fijó el justiprecio en 2,7 millones de euros, más los intereses. El consistorio recurrió al Supremo que ratificó, a finales del 2016, el fallo del TSJ.
Desde entonces, Godella ha tratado de alcanzar un acuerdo con la otra parte ante la imposibilidad de hacer frente a la cantidad sentenciada «a toca teja». Finalmente, se han pactado dos calendarios de pagos de los 3,21 millones. El primero estima liquidar la deuda en cuatro años desde este mismo ejercicio. Para ello, el ejecutivo local debe lograr un crédito de 1,5 millones del Fondo de Impulso Económico (FIE) del ministerio de Hacienda, a devolver en diez años sin intereses. De esta forma, este 2017 abonaría 810.000 euros procedentes del 1,2 millones del remanente de tesorería (el resto se destinará a amortizar un prestamo), en 2018 pagaría los 1,5 millones del FIE más otros 300.000 euros de fondos propios, y los dos ejercicios restantes, otros 300.000 euros anuales.
El segundo escenario, sin el FIE, sigue contemplando en 2017 el remanente de tesorería, aunque ahora serían 850. 000 euros, y entre 2018 y 2023 se afrontaría anualidades entre 370.000 y 410.000 euros. Cabe destacar que este calendario podría sufrir variaciones si se consigue en años venideros el crédito de Hacienda.
El gobierno de Godella buzoneará la próxima semana el municipio un díptico con la información detallada del principio de acuerdo y contando los antecedentes del caso. Además, el 22 de junio se ha programado en Villa Teresita una charla para exponer la expropiación del Bovalar.
La alcaldesa Eva Sanchis piensa que se trata «de un buen acuerdo» y espera que el resto de partidos del pleno «lo apoyen porque las sentencias deben ejecutarse». Por su parte, Salvador Soler, concejal de Hacienda, detalla los pasos a seguir a partir de ahora. «Si lo aprueba el pleno, las partes firmarán el acuerdo y se elevará a la sala del tribunal para que lo ratifique y a partir de entonces cuente como deuda», explica el edil. El proceso podría cerrarse más allá de septiembre. Soler señala que durante estos meses «las dos partes hemos estado negociando, planteando alternativas -como ofrecer terrenos de mayor valor que sirvieran de pago o redujeran la cantidad a abonar- pero la dueña de la parcela sólo quería un abono en metálico».
El concejal asegura que el pacto «está dentro de los límites que puede afrontar el ayuntamiento y, como ocurrió con la sentencia del Sagrado Corazón, trataremos de que la expropiación no disminuya la calidad de vida de los vecinos, ni los servicios, ni la plantilla» y apunta que «serán las inversiones las que se verán afectadas».
