10 de junio de 2017
10.06.2017

El exalcalde del PP no fue a la comisión de la Zona Franca

También Torrent ha creado una comisión para investigar los contratos de Nous Espais, pero lleva meses sin actividad

09.06.2017 | 23:52

No es la primera vez que Paterna crea una comisión para investigar la gestión de las empresas municipales o la actuación de sus cargos públicos. Así, en agosto 2015 cerró la comisión abierta para investigar la creación de la Zona Franca, que terminó concluyendo que el PP había «derrochado» el dinero. Por cierto, a estas no asistieron ni el exalcalde Lorenzo Agustí ni el que fuera concejal del PP, Manuel Palma.

En Torrent, el consistorio creó una comisión de investigación sobre las contrataciones en la empresa municipal Nous Espais a raíz de las informaciones publicadas por Levante-EMV sobre las actuaciones del exgerente Josep Fermín Doménech. En ellas se revelaba que Doménech, nombrado a dedo por el PP, realizó contratos por cerca de un millón de euros con empresas con las que tenía negocios e incluso era parte de la sociedad. Esta comisión lleva meses paralizada.

En Burjassot, el exgerente del Instituto de la Cultura y Juventud ha sido expedientado en un proceso en el que incluso se propone su inhabilitación temporal por determinadas contrataciones que realizó. El asunto fue detectado en su día por el grupo popular al examinar las facturas, y esta semana ha llevado a su destitución en el Ayuntamiento de València donde tenía una comisión de servicios y una jefatura de área.


Empresas ante el juez

En otras localidades la empresas municipales no están siendo investigadas por los concejales a través de comisiones, sino por los propios jueces. El caso más reciente es el de Moncada, donde el juzgado número 1 de aquella localidad investiga a la directiva de la empresa municipal Pemsa y al anterior gobierno del PP por una supuesta estafa al haber hipotecado varias parcelas cuya compra ya había comprometido y por la que ya había recibido dinero en adelanto por parte de varios posibles compradores que ahora reclaman ese dinero.

También el mismo juez de Moncada abrió en 2013 diligencias de investigación penal contra el exalcalde de Alboraia, Manuel Álvaro por varios delitos relacionados con su gestión, tanto al frente del consistorio como de la empresa municipal Egusa. Además, esta empresa ha sido condenada a pagar 23,4 millones que le adelantó Quabit por un proyecto urbanístico en Port Saplaya que finalmente no se ha llevado a cabo.

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