Esquerra Unida de Aldaia ha criticado que el servicio de las nóminas del ayuntamiento esté todavía en manos privadas. El edil Juanjo Llorente recuerda que al principio de la legislatura, poco después de asumir el cargo, el alcalde Guillermo Luján anunció que iba a re-municipalizar la gestión de las nóminas de personal, lo que redundaría en una ahorro de costes de este servicio del 20%.

"Este anuncio se produjo tras finalizar el contrato con la empresa privada contratada la legislatura anterior, buscando seguramente mostrar ante la ciudadanía que el nuevo gobierno socialista de Aldaia apostaba por la defensa de los servicios públicos y de los intereses colectivos. Sin embargo, dos años después de estos titulares, resulta que todo era y es falso e irregular", afirma Llorente.

El edil desvela que durante los 24 meses siguientes al término del contrato, la misma empresa ha seguido confeccionando las nóminas del personal y facturando al Ayuntamiento unos 3.200 euros mensuales. Además, insiste en que la situación es irregular, porque el contrato con esta empresa expiró el 1 de julio del 2015 y no se ha realizado una nueva convocatoria pública para contratar este servicio de gestión de nóminas.

"En lugar de ello, se están troceando mensualmente los pagos, pues la partida presupuestaria con la que se pagaba a esta empresa privada contratada la legislatura anterior también ha desaparecido del presupuesto del 2016 prorrogado (concepto "trabajos técnicos asesoría laboral" por valor de 44.000 euros).

"Si sumamos los 3.200 euros mensuales que se paga a esta misma empresa, mes a mes, obtenemos una cantidad similar a la presupuestada inicialmente (43.200 frente a 44.000 euros), lo que demuestra que la mentira del alcalde es doble: durante estos dos años de legislatura no ha re-municipalizado la gestión de nóminas, mientras que tampoco se ha rebajado el prometido 20% del coste de este servicio privatizado", injcide el edil.

"Dado que éste es un ejemplo más de una larga casuística de mala gestión municipal, aparte de recurrir a los escasos cauces jurídicos existentes para denunciar esta 'irregularidad', presentaremos próximamente una moción exigiendo al Ayuntamiento suscribir el Código de Buen Gobierno y de Buenas Prácticas que ya rige en las administraciones de la Generalitat Valenciana y se aplica a sus altos cargos", concluye.