El cierre reciente del único supermercado que daba servicio a la Coma ha dejado a este barrio de actuación preferente en Paterna, en el que residen alrededor de 6.000 personas, sin más comercio que la media docena de pequeños «kioscos» en módulos prefabricados gestionados por los propios vecinos y en los que, entre otros productos, se vende pan, bollería, bebidas y, en ocasiones, algunos productos de limpieza e higiene.
Pero allí no hay ni productos de alimentación frescos, y ni siquiera congelados. Si los vecinos de la Coma quieren comprar como cualquier otro habitante de la capital de l'Horta Nord, o de la gran mayoría de las localidades del área metropolitana de València, deberá desplazarse como poco tres kilómetros hasta la superficie comercial más cercana situada en Burjassot.
Así las cosas, la Junta de Barrio de la Coma celebrada ayer por la tarde en el Centro Cultural Vicent Vila Blasco, sirvió para que los residentes en el barrio reivindicaran ante los representantes políticos una solución a esta especie de problema de «desabastecimiento». El punto aparecía en el orden del día de la junta como una «situación urgente».
«En este barrio de Paterna se palpa y se vive en la pobreza -señala en un escrito el presidente de la junta de Barrio, Juan Cristobal Cantero-. Un barrio que ahora se queda sin supermercado y que era uno de los pocos espacios compartidos que teníamos». «La falta de limpieza del entorno, la falta de seguridad y el alquiler en esta zona degradada han provocado esta situación de urgencia y de nuevo hemos quedado aislados», añade Cantero.
Para los vecinos de la Coma, la existencia de un comercio de estas características en el barrio no solo es «vital» para que el vecindario pueda adquirir productos básicos sin tener que desplazarse -algo «que perjudica sobre todo a la gente más mayor y con problemas de desplazamiento», subraya Cantero-, por lo que considera «urgente generar un espacio, unas condiciones y un entorno que posibilite el regreso de un supermercado». «¿Cómo es posible que esto esté ocurriéndonos en pleno 2017», concluye el representante vecinal.
En el pleno municipal del pasado mes de mayo el ayuntamiento aprobó la cesión por parte de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) de los bajos del edifico en el que, hasta hace unas semanas, estaba abierto el único supermercado del barrio y en el que actualmente solo funcionan una farmacia y un pequeño quiosco.
En ese mismo pleno, el concejal de Comercio, Carles Martí (Compromís) reconocía la urgencia de dotar de algún comercio para el barrio y anunció que el gobierno local estudiará la reapertura del mercado con varias pequeñas tiendas o volver a cederlo a otra empresa de servicios y alimentación o incluso destinar parte de los locales a instalar talleres de empleo. Además, el ayuntamiento acordó comprar el edificio a la Generalitat en el plazo máximo de 6 meses, «acordando que el valor de la enajenación será el de 994.272,60 euros, valor catastral de los inmuebles en 2017».
El PP, por su parte, denunció que esta cesión por parte de la Generalitat que el gobierno local calificó como «gratuita» esconde una «compra encubierta por casi un millón de euros a los que habrá que sumar otros 200.000 para la habilitación de los mismos».
Más de 300 tarjetas solidarias
En declaraciones ayer a este periódico, Juan Cristobal Cantero consideró «complicada» la posibilidad de que se puedan instalar pequeños comercios en el mercado, como sí los hubo cuando el edificio se inauguró en la década de los 80 del pasado siglo. «No creo que nadie este dispuesto a invertir para abrir una tienda allí», indicó el representante vecinal. «Por eso, la asociación de vecinos apuesta por que se instale un supermercado y hemos pensado en que el ayuntamiento debería convencer a Consum para que se instale allí».
Y, ¿por qué esta empresa en concreto? La respuesta, según Cantero, está en el convenio de tarjetas solidarias que el consistorio firmó a finales del pasado año con esta cadena de supermercados y que permite a las familias con problemas para llegar a fin de mes o en riesgo de exclusión social adquirir a través de una tarjeta productos de primera necesidad. Las familias reciben entre 100 y 200 euros mensuales según su número de miembros.
Según indicaba ayer el presidente de la junta de barrio, de las alrededor de 400 familias a las que el Ayuntamiento de Paterna ha entregado la tarjeta solidaria, unas 300 residen en la Coma. «Si Consum se instalase aquí, no solo facilitaría la compra a decenas de personas mayores que no tienen medios para desplazarse a otro barrio u otro municipio, sino que también saldría beneficiada porque se garantizaría el ingreso allí de al menos 30.000 euros al mes por las tarjetas solidarias», destacaba Cantero.
