El Partido Popular de Paterna, en voz de su presidenta María Villajos, realizó un balance negativo de los dos últimos años de gobierno del tripartito (PSOE, Compromís y Paterna Sí Puede) en el municipio, en un acto que contó con la intervención del vicesecretario de comunicación autonómico de la formación azul, Jaume López Bronchud. La crítica vino principalmente por el veto a Puerto Mediterráneo, que según el grupo político «suponía una inversión privada de 800 millones de euros y que hubiera generado 4.000 puestos de empleo». Un hecho que Bronchud consideró en repetidas ocasiones como «el Southampton del Titanic». Para Villajos el mayor problema es que «Compromís impidió que se realizara y no tiene una alternativa».

Otra de las críticas en materia de inversión fue que Paterna no consiguiera ninguna financiación de los 18 millones de euros que el IVACE abono a polígonos industriales. Además, los populares reprobaron el cierre de la Agencia Municipal de Inversiones y la reducción de ocupación en el Mercado Municipal.

Villajos acusó al actual gobierno de falta de transparencia, entre otras causas porque el portal dedicado a tal uso lleva sin actualizar los últimos 18 meses. El cierre de la Oficina del Defensor del Ciudadano o los dos años sin el Pleno del Estado de La Villa, fueron algunos de los análisis negativos vinculados a la opacidad del gobierno. Aunque, los populares pusieron especial énfasis en el nombramiento 'a dedo' en la dirección de GESPA y la presencia ilegal del presidente en los órganos de selección de personal.

Respecto a Sanidad y Educación destacaron la supresión de conciertos educativos en Paterna que afecta a más de 300 alumnos y la pérdida de un pediatra y masificación de los médicos en La Coma. También criticaron el autobús a la Fe porque solo atiende el casco urbano, aunque apoyaron la iniciativa.

Polémica con lo servicios sociales

Una de las críticas más fuertes llegó en los servicios sociales. El cierre del Comedor Social de Carmen Roca, la paralización en Dependencia y la larga lista de espera en atención a estos usuarios fueron los puntos más relevantes. Especialmente, en los casos de los vecinos con tarjeta solidaria que tiene que esperar hasta el 21 de agosto para renovar su tarjeta. Un hecho que el teniente alcalde Juanma Ramón de Compromís negó en declaraciones a Levante-EMV. «Puede que haya algún caso que se nos haya pasado, pero si es urgente lo trataremos rápidamente con el trabajador social correspondiente» contó Ramón. Aunque el edil quiso precisar que «los usuarios sabían que el plazo de renovación era cada seis meses, además nosotros hacemos un seguimiento de los casos y si se diera esta situación, actuaremos» concluyó.