El sindicato UGT ha presentado una queja ante el síndic de Greuges contra el Ayuntamiento de Burjassot por «vulneración de derechos» de una policía local embarazada a la que asegura que no se le contestó a su petición de segunda actividad. Además, pidió renovar la comisión de servicios que le expiraba y le fue rechazado. «Se la negaban por motivos económicos, mientras que a otros compañeros sí se les ha renovado, por lo cual el único motivo que hay es que se la han negado por estar embarazada», critica UGT.
El sindicato asegura que, con posterioridad, se han concedido prórrogas de comisiones de servicio a agentes de la Policía Local, «comisiones que estaban prorrogadas durante varios años y en las que no ha existido impedimento económico». Por este motivo insiste en que la no renovación de la comisión de servicios «se fundamenta única y exclusivamente por su estado de gestación, que era conocido por sus superiores y por el alcalde».
Fuentes municipales aseguraron que en el momento de la renovación «no había liquidez» para afrontarla y que si posteriormente se renovaron otras fue porque «habría presupuesto nuevo o funcionarios de baja». El ayuntamiento rechaza las acusaciones de discriminación «al ser uno con más mujeres en su plantilla».
