Joan Cardo, concejal de Esquerra Unida de Godella y miembro del equipo de Gobierno, junto con Compromís y PSOE, anunció anoche su dimisión como edil del consistorio por “discrepancias” con el colectivo de su partido. El detonante ha sido el rezado de la formación al acuerdo al que ha llegado el ejecutivo con la empresa Edifesa, para expropiar por más de tres millones los terrenos de la empresa en la zona de Bovalar contemplados como zona verde en el PGOU de 1991.
La propuesta de acuerdo fue debatida en el pleno y salió finalmente aprobada, gracias al voto de calidad de la alcaldesa Eva Sanchis tras registrarse un empate a 8 (PP, Canviem entre Tots y EU en contra, por los siete de Compromís, PSOE y Cs -que tuvo la ausencia de uno de sus dos ediles). Durante su intervención, Cardo anunció que votaría en contra, tal como había hecho en la comisión informativa, aunque reveló que “como miembro del gobierno sí lo haría, pero por democracia interna se ha decidido que se vote en contra en el colectivo de EU”. Era la señal de lo que vendría después.
Cardo expuso que en el acuerdo con Edifesa “se ha reducido una quita insignificante” para las arcas municipales y que “con una negociación mas larga se podria haber logrado una mayor”. Además, afeó que la participación de la población en la negociación “ha quedado reducida a una asamblea con poca gente y no es suficiente esa participación y no se ha enterado del proceso”. Por último, aseguró que “una política de izquierdas no es aquella que pone en primer lugar el pago de deuda a constructoras y demás” ya que “a nivel municipal hay otras necesidades sociales, educativas y ambientales muy importantes y necesarias que fueran prioridad”.
Pasado toda la sesión plenaria y casi antes de dar paso a las preguntas de los asistentes del público, Cardo tomó la palabra y anunció su marcha del ayuntamiento por la falta problemas internos dentro del colectivo de EU. El concejal avanzó que hoy presentará la dimisión por registro de entrada y agradeció “la experiencia y la actividad interesante” de los dos últimos años y deseó a gobierno y oposición que “os vaya lo mejor posible”.
El regidor de EU recibió el apoyo de Canviem, PP, PSOE y la propia alcaldesa que agradeció su trabajo y lamentó “la falta de confianza de EU en tí y este equipo de gobierno”. Sanchis criticó la “actitud destructiva hacia este gobierno” y calificó de “lamentable” los ataques de “gente que se autoproclame de izquierdas”. Por último, la munícipe de Compromís lanzó una advertencia: “Pese a todas las dificultades no podemos recoger e irnos a casa, no nos vamos a ir y vamos a continuar”.
La historia de los terrenos del Bovalar
La empresa dueña de los 14.510 metros inició hace años el proceso de expropiación forzosa, al contemplar el PGOU de 1990 que su suelo se convertiría en zona verde. En noviembre de 2012, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa valoraba el terreno en 1,1 millones de euros. Ni ayuntamiento ni propietario estaban de acuerdo con la cantidad y se inició un contencioso administrativo. El juez del tribunal que llevó el caso encargó una pericial para determinar una tasación, ante la reclamación tan diferentes de las partes: 902.475 euros del ayuntamiento y los más 8 millones del dueño. Así, el informe judicial fijó el justiprecio en 2,7 millones de euros, más los intereses. El consistorio recurrió al Supremo que ratificó, a finales del 2016, el fallo del TSJ.
Desde entonces, Godella ha tratado de alcanzar un acuerdo con la otra parte ante la imposibilidad de hacer frente a la cantidad sentenciada «a toca teja». Finalmente, se han pactado dos calendarios de pagos de los 3,21 millones. El primero estima liquidar la deuda en cuatro años desde este mismo ejercicio. Para ello, el ejecutivo local debe lograr un crédito de 1,5 millones del Fondo de Impulso Económico (FIE) del ministerio de Hacienda, a devolver en diez años sin intereses. De esta forma, este 2017 abonaría 810.000 euros procedentes del 1,2 millones del remanente de tesorería (el resto se destinará a amortizar un prestamo), en 2018 pagaría los 1,5 millones del FIE más otros 300.000 euros de fondos propios, y los dos ejercicios restantes, otros 300.000 euros anuales.
El segundo escenario, sin el FIE, sigue contemplando en 2017 el remanente de tesorería, aunque ahora serían 850. 000 euros, y entre 2018 y 2023 se afrontaría anualidades entre 370.000 y 410.000 euros. Cabe destacar que este calendario podría sufrir variaciones si se consigue en años venideros el crédito de Hacienda.
