La expropiación de una parcela de más de 14.000 metros cuadrados contemplada como zona verde en el PGOU de 1991, ha provocado en medio año un terremoto interno en el cuatripartito que inició la legislatura en Godella y que ha dejado al gobierno que lidera Eva Sanchis en minoría con solo siete concejales, tras la dimisión en el pleno del jueves de Joan Cardo (EU) por discrepancias con su colectivo local por este motivo.
La sesión plenaria debía aprobar la propuesta de acuerdo a la que el gobierno local había llegado con la constructora dueña de los terrenos. La sentencia ratificada por el Supremo en diciembre condenaba al ayuntamiento a pagar 2,7 millones más intereses por los terrenos del Bovalar.
El pacto entre ambas partes contemplaba dos escenarios de pago de los 3,2 millones. El primero estima liquidar la deuda en cuatro años desde este mismo ejercicio. Para ello, el ejecutivo local debe lograr un crédito de 1,5 millones del Fondo de Impulso Económico (FIE) del ministerio de Hacienda, a devolver en diez años sin intereses. De esta forma, este 2017 abonaría 810.000 euros procedentes del 1,2 millones del remanente de tesorería (el resto a amortizar un préstamo), en 2018 pagaría los 1,5 millones del FIE más otros 300.000 euros de fondos propios, y los dos ejercicios restantes, otros 300.000 euros anuales.
El segundo escenario, sin el FIE, sigue contemplando en 2017 el remanente de tesorería, aunque ahora serían 850. 000 euros, y entre 2018 y 2023 se afrontaría anualidades entre 370.000 y 410.000 euros. Cabe destacar que este calendario podría sufrir variaciones si se consigue en años venideros el crédito de Hacienda.
La votación salió adelante en segunda ronda gracias al voto de calidad de la alcaldesa que desniveló un empate a ocho: a favor, Compromís, PSOE y un edil de Cs; mientras que PP, Canviem entre Tots y EU lo hicieron en contra. Joan Cardo, miembro del gobierno, anunció que votaría en contra, tal como había aprobado el colectivo local, aunque reveló que él hubiera dado el sí. Entre algunos de los motivos argumentados para rechazar el acuerdo: «se ha reducido una quita insignificante», «la participación de la población en la negociación ha quedado reducida a una asamblea con poca gente y no es suficiente esa participación y no se ha enterado del proceso» o que «una política de izquierdas no es aquella que pone en primer lugar el pago de deuda a constructoras y demás ya que a nivel municipal hay otras necesidades sociales, educativas y ambientales muy importantes y necesarias que fueran prioridad».
Las discrepancias dentro de EU
Las palabras de Cardo dejaban entrever lo que podría pasar, y pasó. Casi al final de la sesión el concejal de EU tomó la palabra y anunció su marcha del ayuntamiento por problemas internos dentro del colectivo de su partido. El concejal agradeció «la experiencia y la actividad interesante» de los dos últimos años y deseó a gobierno y oposición que «os vaya lo mejor posible». El regidor de EU recibió el apoyo de Canviem, PP, PSOE y la propia alcaldesa que valoró su trabajo y lamentó «la falta de confianza de EU en tí y en este equipo de gobierno». Sanchis criticó la «actitud destructiva hacia este gobierno» y calificó de «lamentable» los ataques de «gente que se autoproclame de izquierdas» y «que solo da alas al PP». Por último, la munícipe de Compromís lanzó una advertencia: «Pese a todas las dificultades no podemos recoger e irnos a casa, no nos vamos a ir y vamos a continuar».
EU, en la figura de Cardo, es la segunda 'víctima' que se cobra la expropiación del Bovalar. El cuatripartito pactado en junio de 2015 se quedó en tripartito en diciembre de 2016. La alcaldesa expulsó del equipo de gobierno a las dos concejalas de Canviem entre Tots por votar en contra de los presupuestos. Las edilas justificaron su veto en que debían haberse ajustado las cuentas a la sentencia del Supremo que obligaba a pagar los 2,7 millones, más intereses, por los terrenos del Bovalar.
