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El juez pide los contratos del centro comercial que Alboraia quería construir en la huerta

Joaquín Bosch reclama a la empresa municipal el expediente sobre la promoción del proyecto por la que el PP pagó 7 millones

El exalcalde Manuel Álvaro accede al juzgado de Moncada en julio de 2013. m. a. montesinos

El 16 de julio de 2013 el exalcalde de Alboraia, Manuel Álvaro (PP), cruzaba las puertas del juzgado de Moncada para responder ante el juez Joaquín Bosch y la fiscalía por su gestión al frente del ayuntamiento y de la empresa pública Egusa entre los años 2001 y 2010. Álvaro, que en el momento de declarar ya era portavoz de la oposición en la corporación alborayense, estaba siendo investigado por delitos como falsedad documental, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, y prevaricación.

Cuando están a punto de cumplirse cuatro años desde aquella declaración y desde el inicio de la instrucción vinculada a una de las mayores operaciones urbanísticas en la costa valenciana de los últimos tiempos -la del traslado del supermercado Alcampo a la huerta protegida de Vera para poder construir una marina, un auditorio y cientos de viviendas entre Port Saplaya y la Patacona-, la investigación continúa.

De hecho, y según ha podido saber este periódico, en los últimos meses el juez Bosch ha solicitado dos cosas. La primera, al ayuntamiento, el dictamen de la comisión de investigación municipal que determinó que Manuel Álvaro no habría cometido ningún delito penal. Y la segunda, a la empresa municipal Egusa, el expediente completo de contratación por 7 millones de la promoción delegada del nuevo centro comercial que nunca se llevó a cabo, pese a lo que la empresa adjudicataria de esta promoción (Emara) recibió una indemnización de 790.000 euros al no llevarse a cabo el proyecto.

Las fuentes consultadas por este periódico han añadido que, además del expediente sobre la contratación de Emara, Egusa también ha entregado a requerimiento judicial los expedientes de todos los trabajos que se realizaron relacionados con la promoción del centro comercial en Vera (que recibiría el nombre de «El Molí»), así como los del contrato del diseño conceptual de este espacio, que se concedió a la firma Reid Fenwick Asociados.

Además, al juzgado de Moncada también ha llegado desde Egusa el contrató con Vetges Tu i Mediterránea un estudio para el planeamiento del sector ST-5 (donde se iba a llevar a cabo la Marina una vez trasladado el viejo centro comercial de Alcampo).

En este sentido, cabe recordar que siendo aún alcalde de Alboraia, Álvaro fue nombrado consejero delegado de Emara, la empresa a la que ostentando aún este cargo, el Ayuntamiento de Alboraia pagó hasta 7,33 millones de euros para asesorar, promocionar y comercializar «El Molí».

En su declaración de julio de 2013, Álvaro destacó ante el juez que cuando fue nombrado consejero delegado de Emara mientras seguía como alcalde y diputado provincial, la empresa ya no trabajaba para el ayuntamiento. El entonces regidor popular llegó a renunciar a su sueldo de unos 58.000 euros como diputado provincial para ser consejero de Emara, aunque meses después acabó desvinculándose de esta sociedad.

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