Desvinculado casi del todo de la política (participó hace unas semanas en una comida de apoyo al candidato a la secretaria provincial del PP, Vicente Betoret), Manuel Álvaro aseguraba ayer a Levante-EMV que no le preocupa demasiado el tiempo que está dedicando el juez Joaquín Bosch su caso. «Sabemos que este tipo de cosas llevan su tiempo. Hay que ser respetuosos con los tiempos judiciales y espero que finalmente se confirme que no hubo en mi actuación ninguna responsabilidad penal y que la denuncia respondió a criterios de oportunidad política».
Se refiere Álvaro al hecho de que fueron dos partidos locales históricamente vinculados con el PP (Cialbo y UPPA, este último dirigido por la actual diputada provincial y edil de Ciudadanos, Mamen Peris) los que llevaron ante la fiscalía el informe del abogado penalista Pedro Nácher en el que se basó la petición del Fiscal de Delitos Económicos de investigar judicialmente al exalcalde de Alboraia.
Manuel Álvaro asegura que uno de los motivos de su tranquilidad es que el informe de la comisión de investigación municipal (cuyas conclusiones aprobó el pleno en junio de 2015) concluía que el exalcalde no habría cometido ningún ilícito penal en su gestión al frente del municipio. «Nunca tomamos ninguna decisión que no estuviese avalada por un informe técnico -subrayaba ayer Álvaro-. Desde el punto de vista administrativo pudimos cometer algún error, pero nunca hicimos nada que suponga una responsabilidad penal».
