En estos dos años la Mancomunitat, presidida por el socialista Carlos F. Bielsa, ha tenido que lidiar con una concesión firmada meses antes del cambio político. Hace meses se presentó un recurso de casación ante el Supremo para que determine que sentencia es válida, en referencia a que varios juzgados han dado la razón al sistema sancionador cuando recurren infractores, mientras que otro juzgado considera ilegal los fotorrojos. Se está a la espera de una resolución. Por otra parte, el ente comarcal también ha instado a la concesionaria a que diga cuánto costaría romper el contrato. Un informe del Jurídic Consultiu avala la rescisión por incumplimiento de cláusulas.
