El grupo popular de Massamagrell ha pedido en el pleno municipal un informe de legalidad sobre el decreto de adjudicación del comedor de verano después de «poner de manifiesto en el pleno de la semana pasada que el decreto de adjudicación se firmó a posteriori de iniciar el servicio, como se afirma en el propio decreto por la técnica de contratación, y reconocer públicamente el Secretario del Ajuntament en el propio pleno que es un contrato ilegal». Por ello, para el PP, «la responsabilidad recae en la concejala y en el momento de la firma alcaldesa en funciones Nina Sepulveda que, según palabras del secretario, lo firmó bajo su responsabilidad después de advertirle».
En cambio, para Sepúlveda, «no hay ilegalidad alguna en la contratación». La regidora explica que, aunque el contrato de adjudicación lleva fecha posterior al inicio del servicio por la adjudicataria, el expediente se inició en tiempo y forma. «Se siguió el procedimiento habitual, hasta que en contratación se pidieron unos requerimientos a la empresa que presta el servicio, por un error en los importes, llegando este requerimiento al área de contratación a las 14:09:49 del día que comenzaba la prestación del servicio, fuera de la jornada laboral, y no pudiéndose formalizar dicho contrato ese mismo día».
