Compromís sacó ayer el fusil de crítica política y apuntó directamente a la línea de flotación del modelo de personal que está desarrollando el gobierno socialista de Torrent que dirige Jesús Ros. Los nacionalistas criticaron la «administración congelada» en materia de empleados, la «gestión diaria continuista» y

Entre los casos enumerados por Compromís, figura un decreto firmado por Ros el pasado junio en el que aprueba una concesión de complementos de productividad de 214.526 euros para 56 funcionarios municipales. La gratificación, con carácter retroactivo a 1 de enero, está basada en informes y propuestas de responsables del área de Personal por, entre otros motivos, desempeñar actividades extraordinarias, la falta de personal o la continuidad de dichas productividades.

El problema, tal como reveló Compromís y refleja el mismo decreto, es que la decisión contaba con el informe desfavorable de la Junta de Personal y los reparos del secretario general municipal. Según el habilitado nacional, esas gratificaciones «vienen motivadas por la realización de funciones que se entiende que no corresponden al contenido de sus puestos de trabajo» y que «se detecta que en algunos casos se atribuyen funciones correspondientes a categorías profesionales o grupos de titulación superior a los propios del funcionamiento, no pudiendo ser realizadas por los mismos».

El importe mensual de los complementos va desde 64 euros por «realización de labores de auxiliar administrativo» a 460 por «la actividad extraordinaria que supone las labores de preparación y asistencia de bodas».

Compromís admitió que este tipo de gratificaciones «pueden llegar a ser normales pero lo que no nos cuadra es que se haga de espaldas a los grupos y se publique el decreto en el portal de transparencia sin los informes desfavorables. Esto se debería negociar a principios de año y no a medio ejercicio». En este sentido, preguntarán al ejecutivo socialista qué va a pasar con los empleados gratificados que hayan estado de baja en algún momento del primer semestre.

El concejal Víctor Medina y el portavoz Pau Alabajos resaltaron que sin una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) «los complementos están a interpretación del gobierno de turno» y la RPT «es un documento que regula y evita la discrecionalidad». En este sentido, ambos dirigentes recordaron que la RPT figura entre las decenas de puntos del pacto de investidura de la que apenas se ha hablado. Desde Compromís indicaron que la RPT «no estará aprobada está legislatura porque es proceso largo y costoso, sobre todo en un ayuntamiento grande como Torrent».

En su batería de quejas por la política de personal, Compromís reveló que en la última mesa paritaria de personal «se abordó el complemento de mayor asistencia a una funcionara que estaba de baja» y que «estaba trabajando desde casa ayudando o informando».

El Gobierno tumbó dos procesos

Además, recordaron que la Delegación del Gobierno ha tumbado dos procesos de ampliación de plantilla. Por un lado, el Catálogo provisional de Puestos de Trabajo que afectaba al área de Urbanismo, con un incremento salarial de casi 130.000 euros; y por otro, la convocatoria específica para el nombramiento del jefe de servicio de fiscalización, por no haber convocado un concurso abierto para habilitados nacionales. Incluso, el colegio de profesionales amenazó con llevar el caso a los tribunales. Según Compromís, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincial de ambas convocatorias ha costado a las arcas públicas más de 7.000 euros. «Con ese dinero se podría haber afrontado la elaboración de la RPT», concluyeron.