En la primera sesión del juicio por prevaricación administrativa contra el exalcalde de Mislata Manuel Corredera y una funcionaria municipal, también declararon la interventora y uno de los economistas de la consultora de Barcelona que elaboraron la auditoría encargada por el nuevo alcalde Carlos F. Bielsa en 2012, y que sirve de base al fiscal en sus tesis para acusar a Corredera.
La interventora -que fue expedientada durante la era de Corredera aunque al final quedó sin efecto y que ahora está en el Ayuntamiento de Moncada-dijo sobre una de las contrataciones a una empresa en concreto, que en el informe «se presentaba como una obra menor, pero las facturas que llegaron posteriormente sobrepasaban el límite de ese tipo de contratación menor. Por ese motivo se hizo un informe de desconformidad, que fue elevado al pleno».
Herminia Llop defendió su actuación al señalar que mostró reparos «a posteriori» cuando «vi las facturas. En el informe previo no se ve que esos importes vayan a superar el limite de contratación». La habilitada nacional recuerda que la media de reparos «alcanzaba la 70 anuales».
«A la vista, son lo mismo»
En su testificación, el economista que realizó la auditoría externa, reveló que confeccionaron el informe únicamente con los balances de contabilidad y las facturas finales que le proporcionó la intervención del ayuntamiento, y no con todos los expedientes que detallaban cada actuación.
Al ver en la sala algunos de esos expedientes con un coste de 29.000 euros - un trabajo firmado por el arquitecto municipal (obra menor) cuyo limite era 30.000 euros y que el auditor calificó de servicio, con un máximo de 18.000 euros-, el economista admitió que «si esto fuera así, posiblemente hubiera cambiado las conclusiones casos concretos». También dijo desconocer que los tres facturas de 37.000 euros por actuaciones en la fuente del cruce de Gregorio Gea fueran por trabajos diferentes. «A la vista de las facturas son lo mismo», aseguró. De todas formas, defendió que la ley de contratos «es clara» pero «su aplicación interpretable» y «dos auditores puede llegar a conclusiones distintas». Así, explicó que «todo el gasto de un festival puede ser unitario, al igual que contratar el servicio de internet, aunque sea en edificios municipales distintos».
La defensa de Gema F. A. cuestiono que una consultora externa audite cuentas de una administración pública y aportó un documento del Síndic de Comptes que lo califica de «excepcional».
