Visto para sentencia. Así quedó ayer el juicio que durante tres sesiones se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia contra el exalcalde de Mislata Manuel Corredera y una funcionaria municipal por supuesta prevaricación administrativa. En las conclusiones finales, el fiscal se limitó a mantener el escrito inicial de acusación, con la petición de diez años de inhabilitación para cargo público, mientras que las defensas solicitaron la libre absolución para ambos y que sea la acusación particular del ayuntamiento la que abone las costas del proceso.
El ministerio público sostiene que Corredera firmó decretos de adjudicación de trabajos para el ayuntamiento «a un mismo proveedor eludiendo de forma consciente y completa los procedimientos administrativos de oferta y adjudicación regulados por la normativa de contratación». En este sentido, el fiscal, diferente al que redactó el escrito de acusación que ha desencadenado el juicio, hace suyas las tesis que determinan que Corredera firmó decenas decretos de obras que superaron los 560.000 euros.
Así, divide en tres las formas de actuar del exalcalde popular en las que posiblemente vulneró la ley, «contratando directamente con proveedores compromisos de gastos por encima del límite permitido para la contratación menor; fraccionando el objeto del contrato pese a ser único al objeto de que no superara el límite permitido para la contratación menor; y realizando diversos contratos sucesivos a sabiendas de que vulneraba de forma completa y arbitraria la legalidad vigente en materia de contratación pública».
Por su parte, la acusación particular recordó que fue el actual equipo de gobierno el que encargó una auditoría a una empresa externa. Su resultado se remitió al Tribunal de Cuentas, que no observó irregularidad contable, pero sí la trasladó a la Fiscalía que apreció irregularidades. «Creemos que esta circunstancia es relativamente importante ya que está acusando que es una causa política, cuando la inicia la Fiscalía», expuso el letrado.
Además, relató varios ejemplos en los que supuestamente Corredera cometió prevaricación administrativa. En la Feria de las Asociaciones de 2007, el exalcalde «firmó cuatro contratos con una misma empresa por valor total de 37.000 euros, cuando el límite de obra menor de servicios estaba fijado en 12.000, sin expediente ni procedimiento negociado y por conceptos tan simples como moquetas, desmontaje de carpas o instalación de casetas». También recordó que en el Festival Mimmed rubricó en seis semanas otros tantos contratos menores por un global de 31.700 euros con la misma mercantil, por trabajos como montaje de vallas, grupos electrógeno o la instalación eléctrica. La acusación particular aseguró ayer que el acusado «ha infringido dolosamente la normativa» y «no ha dado una explicación razonable» durante el juicio.
Por otro lado, la defensa del exdirigente del PP pidió su libre absolución e incidió en que el «escrito de la acusación ha quedado desvirtuado», acusando al fiscal de cometer «un error flagrante por desconocer la ley de contratos, manteniendo su postura inicial».
El letrado argumentó que las declaraciones de los testigos, en concreto los técnicos, «han dejado claro» que el alcalde firmaba los expedientes finales que le llegaban y que eran ellos los que contrataban por separado para ahorrar costes al ayuntamiento, evitando encargar el trabajo a una sola empresa que subcontrate aquello que no puede realizar.
En este sentido, resaltó que «incluso se le acusa de un decreto que firmó el alcalde accidental», y puntualizó que los contratos fraccionados «no tienen nada que ver unos con otros», «son por obras diferentes» -en el caso de las tres reparaciones de la fuente de Gregorio Gea en fechas alternas por accidentes de tráfico «no se pueden prever a no ser que sean adivinos» y «no superaron» el límite máximo de la contratación menor.
El abogado aprovechó el alegato final para avanzar que quien «gana este juicio es Fernández Bielsa al obtener rédito político» y «conseguir sentar en el banquillo a dos personas y desprestigiarlas». Además, solicita que las costas las abone la acusación particular por, entre otras razones, «la mala fe por ocultación de pruebas».
Dardo para la exinterventora
Por su parte, la defensa de la funcionaria atribuyó a los «intereses expurios» de la exinterventora Herminia Llop que ambos acusados hayan acabado en el banquillo y atizó duramente al fiscal «por lo haber leído la documentación aportada en la fase de instrucción». Además, insistió que el Síndic de Comptes califica de «excepcional» que se encargue una auditoria a cuentas públicas a una empresa externa y «bajo supervisión de la intervención».
