La espada de la justicia, esa que al final pone a cada uno en su sitio, está sobre las cabezas de más de una docena de alcaldes, exmunícipes y concejales de la comarca por su gestión, la mayoría en legislaturas pasadas. En los currículums de los dirigentes figuran prevaricación administrativa, cohecho, fraude, estafa o falsedad.
Desde hace unos días, Lorenzo Agustí, exalcalde de Paterna, está oficialmente inhabilitado para cargo público por prevaricación. La Audiencia Provincial desestimó en agosto, el recurso presentado por el exdirigente popular contra la sentencia del Juzgado de lo Penal, que ya lo había condenado a siete años de inhabilitación por considerar que Agustí adjudicó por más de medio millón el proyecto del Auditori de manera ilegal, sin someterlo a ningún control ni concurso. El exalcalde decidió no apelar al Supremo y el juzgado ha decretado la ejecutoria de la sentencia. La denuncia la presentó el ahora alcalde socialista Juan Antonio Sagredo.
A la espera de sentencia está Manuel Corredera, exalcalde de Mislata. La fiscalía pide diez años de inhabilitación por prevaricación administrativa por supuestamente, adjudicar trabajos fraccionados a un mismo proveedor «eludiendo de forma consciente y completa los procedimientos de oferta y adjudicación reculados por la normativa de contratación». Durante el juicio, celebrado hace una semana, el exdirigente se proclamó inocente y la defensa argumentó que le llegaban los expedientes ya hechos para su firma y que no participaban de las decisiones, derivando en los técnicos la manera de actuar.
Natividad García, exalcaldesa de la Pobla de Farnals, está a la espera de que se resuelva la petición de indultó que elevó al Gobierno para saber si entra en prisión para cumplir los dos años de condena por un delito de cohecho. El Supremo confirmó a finales del 2016 la sentencia del TJS que ve «claro» que García recibió dinero para favorecer a una empresa de asesoría jurídica -cuyo titular también está condenado-contratada por el consistorio.
En Moncada, el exalcalde Juan José Medina, y los actuales portavoces de PP y Ciudadanos, Miguel Gallego y Jesús Gimeno, además de un buen número de exconcejales, declararon como imputados por un supuesto delito de estafa por hipotecar unos terrenos de la empresa municipal Pemsa que habían sido vendidos previamente y con los que la mercantil avaló un crédito de 1,86 millones de euros. La causa sigue su curso y el pasado marzo, el juez requirió al consistorio documentación sobre las operaciones realizadas.
El juez Joaquín Bosch solicitó antes de verano documentación referente al traslado del centro comercial de Alboraia a huerta protegida para levantar en ese suelo una marina, un auditorio y cientos de casas, un proyecto que nunca llegó a realizarse aunque se pagaron siete millones para promocionar la futura zona comercial. Su petición se engloba dentro del caso en el que está investigado el exalcalde popular Manuel Álvaro por supuestos delitos de falsedad documental, fraudes, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, y por los que ya prestó declaración en julio de 2013. El pleno aprobó en junio de 2015 las conclusiones de la comisión de investigación, que aseguraban que el exalcalde no habría cometido ningún ilícito penal.
El caso de la policía
En otro orden de cosas, el próximo mes, la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, y la concejala de Seguridad, Beatriz Jiménez, declararán como investigadas en los juzgados de Torrent por supuesta prevaricación administrativa. El caso se remonta al proceso selectivo de agentes de policía local convocado durante la etapa de Vicente Ibor (PP) al frente del consistorio. La oposición arrancó con dos plazas, el alcalde lo amplió a seis pese al rechazo del secretario, y una vez concluido y otorgadas las plazas, el recurso de un suspendido hizo que Ibor, mediante un decreto, eliminara tres puestos. Los policías afectados presentaron un contencioso que ganaron, obligando al consistorio a incorporarlos a su plantilla. El ayuntamiento, ya dirigido por Compromís-PSOE-PodEU, encargó un dictamen al Jurídic Consultiu, que avaló revocar el proceso selectivo desde el inicio, trámite que ha sido ejecutado. Algunos de los agentes llevaron el caso a la Fiscalía acusando a Martín y Jiménez de no acatar el fallo judicial. Las dos dirigentes defienden que actuaron con toda legalidad.
