El magistrado del juzgado de lo Penal nº 8 de València ha absuelto al exalcalde de Mislata Manuel Corredera de un delito continuado de prevaricación administrativa del que le acusaba la Fiscalía, por supuestamente adjudicar contratos fraccionados a la misma empresa para eludir el concurso público, y por el que solicitaba diez años de inhabilitación para cargo público. También queda absuelta la funcionaria municipal.

En una sentencia a la que ha tenido acceso este diario y que avanzó ayer en exclusiva levante-emv.com, el juez entiende que «no existió irregularidad» ni «reproche penal» en las acusaciones de fiscal y acusación particular, que apuntaban al fraccionamiento del objeto de los contratos, denunciando la firma de varios contratos menores eludiendo los trámites del procedimiento abierto y negociado y las exigencias de publicidad de la normativa de contratación del sector público.

Durante el juicio celebrado hace dos semanas se analizaron decenas de contratos por valor de 560.000 euros y pasaron como testigos técnicos, exediles y concejales actuales como el alcalde Carlos F. Bielsa o el portavoz popular Jaime López Bronchud.

El magistrado sentencia que, «no apreciando» que el exalcalde del PP «participara ni en la elección de los proveedores ni mucho menos en la decisión de los objetos que debían incluirse en cada contrato», debe declararse la absolutoria de prevaricación administrativa al «no apreciar la existencia de una trama encaminada al fraccionamiento de contratos administrativos para vulnerar los principios de publicidad y libre concurrencia que deben concurrir en la contratación administrativa, ni tampoco la existencia de resolución administrativa que supusiera una vulneración grosera de la normativa de contratación de las Administraciones Públicas».

Además, limita la intervención del alcalde a «autorizar el pago de un servicio u obra de la que se había beneficiado el Ayuntamiento de Mislata en virtud del principio de enriquecimiento injusto, no actuando conmeras intenciones torticeras o intereses espurios».

El juez analiza uno a uno los contratos que cuestionó el fiscal y la acusación particular, en la figura del ayuntamiento, y desmonta las tesis acusatorias con apreciaciones como que «no consta que (el alcalde) tuviera intervención activa en el devenir del contrato» o «no constando acreditado de ninguna forma que fuera decisión del alcalde que se emitiera una factura por cada reparación».

Entre los decretos firmados por Corredera entre 2007 y 2011 figuran los de la VII Feria de las Asociaciones, y sobre los que hizo especial hincapié la acusación particular durante el juicio. En concreto, se adjudicaron a la misma empresa hasta cuatro trabajos de un mismo acto que sumados superaban el contrato menor.

El juez sostiene que «no queda acreditado que el alcalde participara en la elección de la empresa como proveedora en la Feria de Asociaciones, siendo los propios técnicos los que se encargaron de buscar empresas, -para abaratar costes, según declararon en el juicio-ni mucho menos que fuera decisión del alcalde contratar de forma separada la carpintería e instalación eléctrica, la moqueta, las casetas y la carpa y la megafonía».

Finalmente, el juez declara de oficio las costas procesales y exime del pago al ayuntamiento, como solicitaba la defensa, al no apreciar «la existencia de mala fe ni temeridad» a la acusación particular, recordando que fue la fiscalía la que abrió diligencias tras recibir del Tribunal de Cuentas la auditoria externa que encargó el ejecutivo de Bielsa en 2012.