La administradora concursal de la antigua planta de valorización de residuos de la construcción ubicada Torrent ha desmantelado y retirado toda la maquinaria que tenía la instalación así como la nave abierta donde depositaba parte de los residuos. Los metales han sido troceados en el propio recinto y transportados, en los dos últimos meses, fuera de la planta, en cumplimiento de la orden de ejecución que dio la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente a la administradora concursal en junio, en la que se le concedía un plazo de seis meses para proceder al desmontaje de la actividad y la restauración de las parcelas afectadas a su estado original.
Esta acción es la primera consecuencia de un farragoso procedimiento administrativo y judicial que arranca del año 2014 y que se ha acelerado en los últimos dos ejercicios, en parte por la presión que ha realizado la Plataforma Ciudadana constituida para reclamar el cierre. En este tiempo, también la Unión Europea abrió una investigación por los incendios que se generaron en el interior de la planta y la afeccción a las viviendas del entorno, y les Corts Valencianes instó al Consell a acelerar el proceso de clausura.
La planta de valorización de residuos logró el permiso en 2010 y comenzó a funcionar en la partida de la Contienda de Torrent, una zona agrícola de regadío.
En el año 2014, una resolución de la dirección territorial de la Conselleria de Infraestructuras ya declaró extinguida la licencia porque la mercantil Gemersa que la gestionaba (participada por empresas de la construcción) no había presentado comunicación previa a la apertura, pasado un plazo superior al establecido.
Una inspección de marzo de 2015 del Seprona confirmó que la planta ya no estaba operativa y que había residuos mezclados, «acumulados en montones de hasta 20 metros de altura, depositados sobre terreno natural sín ninguna medida de protección», lo que infringía la autorización tanto en las condiciones como en el tiempo depositados. Además, aquel informe estableció que «de acuerdo con el archivo cronológico de entradas y salidas de residuos de 2015» habían llegado 17.015,5 toneladas y solo habían salido 1.406,42. Aquella inspección supuso la apertura de un segundo expediente sobre la planta, en este caso, sancionador.
Pero las órdenes de retirada y restauración de las parcelas que emitió la conselleria en 2015 toparon con la quiebra de la empresa, que lleva años en manos de una administradora concursal designada por el juzgado. De hecho, ante las primeras órdenes, la administradora alegó que pretendía poner en venta la actividad para que fuera el futuro comprador el que las asumiera, para lo que pidió que se revocara la extinción de la licencia. Con todo, este intento chocó con el acuerdo plenario de Torrent de enero de 2016 en el que se instaba a «la clausura definitiva de la instalación y al cese de la actividad», por lo que no era posible reabrirla, y con las alegaciones de otros acreedores. El juez de concurso no lo admitió.
Mientras tanto, las quejas vecinales se sucedieron ya que entre los años 2014 y 2015 se produjeron diversos incendios que alarmaron a las viviendas del entorno y a diversos núcleos de la ciudad, y provocaron la creación de la Plataforma. Uno de ellos se mantuvo sin extinguirse durante meses, lo que motivó que una de las personas afectadas acudiera a la UE.
Tras el desmontaje de toda la maquinaria y los elementos metálicos, en las últimas semanas, las montañas de basuras aún se acumulan en el interior, esparcidas en dos parcelas, como prueban las imágenes de la Plataforma captadas por un dron. Además, un informe de la conselleria, a raíz de una inspección realizada en julio de 2017, ha calculado ahora que la basura ocupa 73.000 metros cúbicos y que su retirada costará cerca de 2,4 millones de euros, frente a los más de 800.000 que se estimaron inicialmente.
