El Ayuntamiento de Rocafort ha iniciado el procedimiento para resolver la condición de Agente Urbanizador que ostenta la empresa Electra SL sobre el PAI del Bovalar, una actuación que contemplaba la edificación de medio millar de viviendas en unos 150.000 metros cuadrados reclasificados. El proceso abierto lleva aparejado declarar la caducidad del PAI, parado desde hace cinco años y que ejecutaba una mercantil vinculada al caso Gürtel.
El PAI lo presentó en 2003 el ayuntamiento que gobernaba el PP de Sebastián Bosch y que aprobó en 2006 la Generalitat, también del Partido Popular. El agente urbanizador en los inicios fue Urbalite SL, propiedad en aquel momento de la familia Serratosa-Caturla. Durante las obras fue absorbida por Electra SL. Entre lo cometidos que tenía mercantil se encontraba acometer una rotonda en la CV-310 y el encauzamiento y conexión de la cuenca de drenaje al Barranc dels Frares, motivo éste por el que Godella llevó el proyecto a los tribunales, aunque finalmente la Justicia dio la razón a Rocafort.
El municipio recepción parcialmente las obras en 2011. Faltaba por ejecutar, además de los dos puntos anteriores, solicitar a la Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales) la conexión y puesta en marcha de la Red de Alcantarillado.
Durante todos estos años no se ha construido una sola vivienda y en los solares afectados ha crecido la maleza y la proliferación de ratas, circunstancia que ya obligó al ayuntamiento en 2012 a requerir a los propietarios su limpieza.
El pasado julio, el consistorio remitió al agente urbanizador un requerimiento para que aportase la documentación referente a las actuaciones que debía ejecutar en la zona. Pasado el plazo, la firma, a ojos de la administración local, ha incumplido sus obligaciones y no ha respondido a sus reclamaciones.
Por este motivo, y ante la «demora injustificada durante la realización y terminación de las obras», ha abierto el procedimiento para la resolución unilateral de la adjudicación a la empresa como agente urbanizador. Ahora se abre un proceso de alegaciones para la mercantil. Cumplido el plazo, el ayuntamiento remitirá un informe jurídico al Consell Consultiu para que emita un dictamen sobre el caso.
La medida iniciada por el gobierno que ahora dirige el socialista Víctor Jiménez lleva asociada la declaración de caducidad del PAI. La actuación urbanística la ejecutaba hasta su paralización en 2010, el Grupo Begar, sociedad integrada en el grupo propiedad de José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel. En julio de 2016, un juzgado de Madrid declaraba el concurso de acreedores de Elodea, constructora heredera de Begar, con una deuda superior a los 189 millones de euros y sólo 35 de activos. El empresario leonés también tuvo otras ramificaciones en la C. Valenciana durante la etapa del Partido Popular, al ser el gran beneficiario en el reparto de licencias de TDT por parte de la Generalitat de Francisco Camps.
