Los barcos amarrados en el puerto de Port Saplaya de Alboraia que no paguen los meses que deben a la Empresa de Gestión Urbanística y Servicios de (Egusa) de Alboraia serán «encadenados» a tierra para bloquear su uso. De hecho, algunos de ellos ya están retenidos por la empresa municipal. ¿La razón? El conflicto que existe entre los propietarios de los amarres y la empresa municipal de Alboraia Egusa que ha desencadenado en un impago de las mensualidades por parte de varios propietarios que están «en guerra» por lo que consideran que es «una injusticia» y una «mala gestión».
Un «duelo», tal como explica uno de los amarristas, que comenzó el pasado verano cuando venció la concesión otorgada al Ayuntamiento de Alboraia por la conselleria de Infraestructuras para gestionar el puerto de Port Saplaya. A raíz de esta situación y a diferencia de lo que ocurrió en 2012, Egusa continuó con la gestión del espacio portuario pero en régimen de autorización y esto hizo que las condiciones de los amarres cambiaran. Los propietarios dejaron de serlo y pasaron a estar alquilados. «Egusa cambió la forma de gestión y los propietarios pasamos a ser de alquiler sin explicaciones, no expropiaron», apunta el portavoz de la asociación de amarristas creada a raíz del malestar.
Paralelamente al fin de la concesión del consistorio entró en vigor la Ley de Puertos de la Generalitat, lo que supuso un incremento del canon que pagaba Alboraia a la conselleria. ¿La consecuencia? La cantidad que pagaban los amarristas también aumentó. «Nos han subido el precio del amarre sin mejorar ningún servicio», argumenta el representante de los afectados «En vez de preocuparse por llenar el puerto, que tiene muchos amarres vacíos, suben el precio a los usuarios por esta mala gestión». «De pagar alrededor de 75 euros nos pedían 150 euros con el nuevo canon», apunta un afectado. Y se negaron.
Decenas de amarristas crearon una asociación en contra de estos cambios oponiéndose a pagar la subida de canon que pedía Egusa. Ahora, tras meses sin abonar el importe mensual, Egusa está procediendo a la inmovilización de las naves.
Agustín Martí, presidente de Egusa explica que los amarristas legalmente ya no lo son y por normativa pasan a ser alquilados. «Cuando haya una nueva concesión, habrá nuevo titular, mientras tanto el ayuntamiento ya no es concesionario sino autorizado». En lo referente a la subida del canon que han de pagar, Martí afirma que «al tener que pagar mucho más a conselleria, es inevitable que tengamos que aumentar la cuota a los usuarios del puerto», sin embargo, recordaba que, a pesar de haber recurrido y pedido un descuento en las cuotas «de momento no ha habido una rebaja». Hay usuarios que llevan meses sin pagar las mensualidades y Egusa ha dicho basta.
«Si no pagan, nosotros lo que hacemos es aplicar el reglamento. Al no abonar la cuota, se les ha apartado el barco, se les ha quitado el servicio y se les ha bloqueado la salida», afirma Agustín Martí. En este sentido, el responsable de la empresa local apunta que posteriormente irán por vía judicial «a cobrar la deuda».
