El presidente de la empresa pública que gestiona el puerto de Port Saplaya, en Alboraia, Agustín Marí, insistió ayer a Levante-EMV en que, a pesar de que algunos de los barcos que no han abonado la cuota en los últimos meses abandonen la dársena, «reclamaremos la deuda judicialmente». Por otra parte, el responsable matizó que, pese a que los afectados tildan de «inmovilización» o «secuestro» la retirada de los buques de sus respectivos amarres a una zona aislada del puerto, eso es «mentira». «No están inmovilizados, sino que los hemos desplazado a una zona donde no se les da ningún servicio hasta que paguen», explicó.
«Esto no significa que no puedan retirar su barco del puerto, cuando quieran irse, lo único que tienen que hacer es pasar por las oficinas y firmar la deuda que deben- aunque no la paguen al momento- y podrán sacar su barco de allí». En este sentido, Marí criticó que este no ha sido el procedimiento que han seguido algunos usuarios de Port Saplaya. «Ciertos propietarios de los buques deudores, entre ellos el presidente del Club Náutico, han retirado su barco sin firmar documento en el que quede reflejado que tienen una deuda, y como no, sin pagar nada de lo que deben», subrayó el presidente.
Sin embargo, Agustín Marí no piensa en ceder a lo que llama una «pésima conducta». «Nosotros vamos a reclamar las deudas que tienen con el puerto, hasta de forma judicial», afirmó ayer. «No les importará tanto su puerto cuando a la primera de cambio deciden desvincularse», concluyó.
El conflicto comenzó el pasado verano cuando, al terminarse la concesión del puerto de Egusa, la empresa pública pasó a gestionar la dársena en régimen de autorización y automáticamente, los amarres que habían estado en concesión pasaron a estar arrendados. Una situación que no gustó nada a los usuarios del puerto que, además, sufrieron una subida de la cuota mensual debido a un incremento del canon que Egusa debía pagar a conselleria.
Los amarristas apuntan que es «indignante» que se les haya subido el precio mensual del amarre «sin mejorar ningún servicio» y por esta razón, llevan meses sin abonar la cuota hasta que no se llegue a un «acuerdo razonable» con Egusa.
Por su parte, la gestora municipal ha respondido a esta «rebelión» con el desplazamiento de aquellos barcos deudores a una zona cerrada del puerto «según marca el reglamento que hay que hacer cuando hay una deuda sin pagar». La polémica ha desembocado, en los últimos días, en que algunos propietarios han ido abandonando, paulatinamente, su espacio en Port Saplaya para instalar sus buques en otros puertos y así evitar que Egusa los «requise» algo, según Marí, que «no les salvará de pagar lo que deben, pues reclamaremos las cuotas».
