Han ganado el primer asalto de un combate que se presume largo, y contra un púgil poderoso. La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) aceptó ayer aplazar el desalojo que tenía previsto ejecutar en una de las viviendas de su propiedad en el barrio de la Coma y estudiar toda la documentación aportada.
Antes de las diez de la mañana, varias decenas de personas se concentraron frente a un edificio de la calle Yesa. Esperaban a los funcionarios de la EIGE, que acudieron escoltados por agentes de la Policía. El objetivo era cumplir la orden judicial y desalojar de su vivienda a Abel y María, una joven pareja que vive en una de las viviendas con su hijo de dos años.
Abel reside en esa casa desde que tenía un año. Lo hacía con su tía y su abuela. Cuando su tía se marchó a Canarias, el joven se quedó en el piso, en el que está empadronado desde 2009. Hace un año, el inmueble sufrió un incendió mientras había salido a comer una hamburguesa con María y el pequeño Abel. El fuego destruyó el piso por completo y el técnico del EIGE que lo visitó lo dio por «inhabitable». Pero la Coma es diferente. Vecinos y entidades colaboraron y trabajaron en tareas de albañilería, pintura, instalación eléctrica y mobiliario hasta recuperar la vivienda y convertirla en «habitable».
La pareja remitió entonces una solicitud a la EIGE para regularizar el contrato y que Abel pasara a ser el titular. Nunca recibieron respuesta y ayer la Entidad de la Generalitat pretendía ejecutar su desalojo.
La presión vecinal en plena calle motivó una pequeña negociación entre dirigentes vecinales y de colectivos del barrio como Crecer en la Coma, con los representantes de la EIGE, incluso por teléfono con cargos del departamento autonómico. Finalmente, se decidió aplazar el desalojo hasta que la pareja presente toda la documentación relativa a la vinculación que mantienen con la vivienda y estar al tanto de los pagos para que la EIGE la analice y determine si pueden seguir en residiendo en el piso. De lo contrario, serán desahuciados.
Abel y María forman parte de las alrededor de 25 familias que la Generalitat pretende desalojar de viviendas del barrio de la Coma por ocupación ilegal. Como ya informó este diario, hay al menos siete casos en pleno procedimiento judicial, como el de la joven pareja de ayer. Cada caso es diferente. Desde los que ocuparon la casa con fecha posterior al 1 de julio de 2015 -plazo que la nueva Generalitat considera inviable por su política de vivienda social respecto a la del anterior Gobierno del PP- hasta los que entraron a vivir sin título antes de la fecha marcada pero no pueden acreditarlo con un documento que sirva a la EIGE para regular la situación. Los vecinos ya anunciaron que lucharán por sus casas. Ayer disputaron el primer asalto.
