La modificación puntual del PGOU de Godella en la que lleva trabajando varios años el equipo de Gobierno, está casi lista para llevarla a pleno, presumiblemente en enero o febrero. El documento pretende acabar con la sangría que sufre el municipio en forma de expropiaciones, pero para para sacarlo adelante el ejecutivo (Compromís-PSOE-EU) necesita del apoyo favorable de al menos un partido de la oposición (PP, Cs, Canviem). En este momento, los grupos no tienen claro su voto.
Del PGOU de Godella aprobado en 1990, el ayuntamiento tiene pendiente adquirir 63.746 metros cuadrados: 21.038 para zona verde y 42.708 para uso dotacional. Tal como ha ocurrido con casos terrenos, el propietario de un suelo afectado por el plan puede instar a la expropiación, que si no logra un acuerdo amistoso, acaba en los tribunales con sentencias millonarias. Es lo que ocurrió con el Bosque de la Devesa o los terrenos de Edifesa, donde el consistorio fue condenado a pagar 8,2 y 3,2 millones respectivamente, por más de 30.000 metros. Eso es lo que pretende evitar el consistorio. De hecho y según sus cálculos, los 63.746 metros que restan por adquirir podrían costar al consistorio más de 22 millones de euros.
La modificación del PGOU plantea adquirir por gestión urbanística y no por expropiación, los terrenos que faltan. El sistema consiste en redistribuir las zonas, tanto urbanizables como verdes y dotaciones, y compensar al propietario con suelo urbanizable para que no pierda rentabilidad. La medida no contempla aumentar la superficie urbanizable del municipio, sino la edificabilidad de determinados sectores. El dueño podrá obtener mayores beneficios por los terrenos y las arcas publicas no desembolsan un solo euro.
Que todo ello salga adelante o no dependerá de lo que ocurra en la comisión informativa previa y en el pleno. Por el momento, la oposición no ha mostrado claramente su apoyo a la modificación, incluso decantándose más por el voto en contra. La alcaldesa y concejala de Urbanismo, Eva Sanchis, recuerda que todos los partidos «fueron muy críticos cuando llegaron las sentencias acusando a los gobierno anteriores de pasividad» pero ahora «Cs y PP se vuelven a poner de perfil y Canviem entre Tots hace propuestas imposibles de ejecutar porque hace falta reajustar todas las dotaciones y no solo quitarlas de un ámbito sin decir a cuál se suscriben».
La dirigente de Compromís asegura que tratará de «consensuar un texto definitivo con todos los grupos del gobierno y lo llevará al pleno para su aprobación» y que cada partido «haga lo que considere oportuno porque después de dos años, y en un tema tan importante para Godella, es inaceptable que personas que representan a este pueblo digan que no tienen propuestas. Mi responsabilidad era redactar un proyecto que diera soluciones a estos problemas y lo he hecho de manera participativa. Cada uno que asuma sus responsabilidades», critica la alcaldesa.
Por su parte, José María Musoles, portavoz del PP, asevera que «no tenemos claro que con esta modificación se solucione el problema. Es más, igual genera otros». El edil se explica: «Habrá más viviendas, pero no tenemos un estudio de impacto del tráfico, de inundabilidad o sobre el comercio local si hay terciario. No entendemos que esto sea necesario sin ver las consecuencias». El regidor demanda «más transparencia en la información» ya que «no son claros en sus explicaciones». Musoles acepta que se quiera «desarrollar algunas zonas, pero por qué políticamente liquidan otras como Cañada de Trilles», pregunta.
Desde Cs, Vicente Calatayud, admite que el tema «es complejo» y que la postura de cara al pleno «no está decidida». El regidor naranja reconoce que la modificación «no acaba de gustarnos. Tenemos un problema de inundaciones grave, y con más urbanismo se agravaría». Al igual que el PP, desconoce «el impacto que causará el tráfico al aumentar los residentes», pero el medioambiental lo tiene claro: «desaparecerán zonas muy chulas por cemento».
Por su lado, Irene Ferré, de Canviem entre Tots, muestra «voluntad de diálogo» y rechaza que «se nos culpe de todo y se nos meta en el mismo saco que Cs y PP». La edila defiende que su grupo rechaza «el aumento de edificabilidad» por «los complejos problemas que ocasionará el aumento de población». Además, critica que no le haya mostrado el estudio económico, aquel donde se detalla que un sector puede ser viable.
