«Tengo miedo de ir a trabajar». Con ese miedo tiene que vivir diariamente un empleado en el Mercat de Picassent que lleva tres años recibiendo insultos motivados por su condición sexual y su nacionalidad de origen. «Yo pido ayuda a las asociaciones de gays, lesbianas y transexuales porque no puedo más», confiesa. Estos insultos que han llegado a su extremo a finales de noviembre, cuando asesorado por la Asociación de Vendedores que gestiona Picassent acudió a denunciar a un paradista a la Guardia Civil por incitar al odio, atentar contra el derecho a su honor, vulnerar la protección de datos, además de por un delito de homofobia y xenofobia.

Todo ocurrió cuando el denunciante recibió insultos por una vendedora. El conserje se lo comunicó al presidente de la Asociación de Vendedores del Mercat de Picassent, que es la que lleva la gestión del recinto, quien entregó un escrito denunciando los hechos al jefe de esta vendedora y propietario de la parada. «Fotocopió el escrito, donde aparecía mi nombre, y lo colgó por todas las paradas. Además luego lo subió a un portal de Facebook llamado «Picassent Informa que tiene multitud de usuarios de la localidad. Ahora todo el mundo sabe quien soy y me insultan hasta por la calle» , explica la víctima.

Antes de acudir a la Guardia Civil, la Asociación informó al Ayuntamiento de Picassent de lo sucedido por registro de entrada el pasado 7 de diciembre, «y como no hizo nada decidí ir a denunciar».

Incumplimiento de la ordenanza

No es la primera denuncia que ha realizado este empleado del mercado. De hecho cuenta con otras cinco sentencias judiciales a su favor, donde los denunciados, en todos los casos paradistas del Mercat, han sido obligados a pagar sanciones en torno a 300 euros por delito de amenazas, o falta de injurias.

Sanciones que según la Asociación de Vendedores del Mercat deberían ir acompañadas por otras del consistorio. «Según el artículo 66 de la ordenanza municipal corresponde al ayuntamiento la incoación y tramitación de expedientes sancionadores con independencia de la responsabilidad civil, penal o de otro orden», afirma. Esa ordenanza establece sanciones leves, graves y muy graves para «la adopción de actitudes incorrectas con el resto de los comerciantes, con el público, con el personal de la Administración del Mercado o dependiente de éste», como es el caso. Multas que van desde los 750 hasta los 3.000 euros según su reincidencia, y que según la Asociación de Vendedores del Mercat y el denunciante «nunca se han impuesto».

Todo esto ocurre en medio de una batalla legal que hay entre la Asociación y el Ayuntamiento de Picassent por el contro de la gestión del Mercat, que tiene divididos a los paradistas y donde se viene produciendo varios conflictos.